Ayer con bombos y platillos el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya inauguró de manera oficial la nueva clínica Materno Infantil Bicentenario María Josefa Canelones en Tunja, cuyas instalaciones compró a Esimed por la suma de 25 mil millones de pesos.
La clínica de Esimed había sido cerrada en dos ocasiones en el 2018 curiosamente por la Secretaría de Salud de Boyacá.
En una primera ocasión cerró porque los servicios de farmacia no cumplían con las normas de habilitación y no había suficientes medicamentos para proveer a los 200 mil afiliados de Medimás que allí eran atendidos. Posteriormente la misma Secretaría de Salud volvió a cerrar la clínica en septiembre y de manera definitiva, todos los servicios de farmacia, salas de cirugía, transfusión sanguínea, hospitalización (adulto, pediátrica y obstétrica), sala de partos, endoscopia, urgencias, radiología, diagnóstico cardiovascular y ecocardiograma, por las mismas razones: “las visitas de asistencia técnica evidenciaron que no se cumplía a cabalidad con las condiciones mínimas de habilitación de todos los servicios”.
La venta se dio luego de un arreglo entre la agente liquidadora de la EPS Saludcoop, Angela María Echeverry y el gobernador Amaya.
De forma paralela en Neiva (Huila), la clínica Esimed también fue clausurada el 18 de agosto por la Secretaría de Salud del departamento. La orden señalaba que “A partir de la fecha y hasta tanto se subsanen las deficiencias, y se garantice el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas y demás aspectos exigidos por el Sistema Único de Habilitación, el prestador de servicios Estudios e Inversiones Médicas Esimed S. A. sede Clínica Esimed (antigua Clínica Saludcoop), en Neiva, no podrá prestar sus servicios”. El cierre se mantuvo hasta octubre, y postergado hasta ahora.
Al igual que la de Tunja, la clínica de propiedad de Salucoop en liquidación fue vendida al grupo Mediláser en una subasta pública a finales de 2018. Esimed la tenía en arrendamiento. Ante el cierre Esimed la devolvió a Saludcoop en liquidación.
La firma MBA Lazard en calidad de banca de inversión valoró los activos del grupo empresarial y posteriormente, estructuró los procesos de venta. Entre ellos estaban las clínicas de Neiva y Tunja, que no entrarían en el resto de la negociación de los activos.
La clínica según la banca de inversión estaba avaluada en 25.000 millones de pesos, igual que la de Tunja, pero se vendió por la mitad, considerando que la infraestructura con 12 años, había cumplido la vida útil.
En octubre del año pasado también fue cerrada por orden de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia la clínica de la 80 de Esimed en Medellín. Igual ocurrió desde julio del año pasado con la Clínica Esimed en Ibagué (Tolima) sellada por orden de la Secretaría de Salud del Tolima bajo los mismos argumentos.
También fueron cerradas las clínicas Materno Infantil y Jorge Piñeros Corpas en Bogotá, la 70 en Medellín y la clínica Esimed de Pereira que permanece cerrada en la mayoría de sus servicios, por orden de la Secretaría de Salud de Risaralda.
Todas estas centros asistenciales hacían parte del paquete patrimonial con que se negoció la venta de la EPS Saludcoop a un grupo de accionistas que conformaron la firma Prestnewco S.A.S y sus asociadas, de la cual hacen parte propietarios de IPS de diferentes partes del país, en su mayoría con sede en Bogotá.
Expertos en el tema han advertido que lo que se está dando con estos cierres y posterior venta de manera independiente de los activos de Esimed, es que la EPS Medimás se sigue quedando con los recursos que llegan de la UPC por el número de afiliados que tiene y sin problema ha seguido enviando sus pacientes a otras clínicas y hospitales algunos de propiedad de sus mismos dueños y los pacientes con agendas menos disponibles y arrinconados.
Los trabajadores, los grandes olvidados
A este no tan claro panorama, se suma el drama que hoy viven no menos de 3000 empleados de Esimed en los lugares donde se cerraron las clínicas: 400 en Tunja, otros 400 en Ibagué, al menos 600 en Medellín, por citar solo algunos.
Y es que desde que inició el proceso de intervención de la desaparecida Saludcoop, que inició en el 2012 con la EPS y luego en el 2014 la IPS, los grandes perjudicados, los grandes sacrificados y los grandes olvidados fueron los trabajadores, que llegaron a ser cerca de 30 mil en todo el país.
Ninguno de los requerimientos hechos por la Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud Humana y la Asistencia Social (Unitraccop), que agremia a los trabajadores de la vieja Saludcoop, ante los ministerios de Trabajo y de Salud y de la Superintendencia Nacional de Salud, han servido para evitar la debacle laboral.
Hoy unos 6000 trabajadores profesionales de la salud vinculados a Esimed y que prestan sus servicios a usuarios o afiliados de Medimás EPS, se mantienen con salarios atrasados, sin seguridad social, sin poder renunciar a sus trabajos porque literalmente no los dejan renunciar. La encrucijada es total.
Y de eso da fe la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación S.C.A.R.E., que hace poco envió una comunicación a la Procuraduría General de la Nación para “evitar que se sigan vulnerando las garantías al trabajo digno y decente del talento humano en salud” y pidió la intervención inmediata de esta organismo disciplinario para que se haga de manera inmediata el pago de la cartera que adeudan a profesionales del sector.
En la comunicación radicada el 28 de marzo de 2019, la S.C.A.R.E., hace un llamado al Procurador General de la Nación, para que, en uso de su facultad disciplinaria, investigue la situación que actualmente enfrenta el talento humano en salud que ha prestado sus servicios a favor de Esimed y a quienes les adeudan el pago de su remuneración desde hace más de diez meses.
“Es así, como se sugirió la necesidad de incluir en la mesa de trabajo –espacio creado para garantizar la atención actual de los afiliados de Medimás- a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de proteger al talento humano en salud, pues estos trabajadores están vinculados a la red de prestadores de Medimás y ejercen su profesión u oficio en un ambiente de incertidumbre traducida en inestabilidad laboral”, señala la misva.
Por otro lado, se solicitó que la Procuraduría participara en la revisión -que está realizando actualmente el Ministerio de Salud- de la Resolución 2003 de 2014, en especial de las de suficiencia patrimonial y financiera, debido a que no están promoviendo que el talento humano en salud trabaje en condiciones dignas.
Finalmente, que sugirió “que la Procuraduría solicite a la Superintendencia de Salud que ordene de manera inmediata los pagos adeudados a los especialistas en anestesiología y a todos los profesionales de la salud a quienes adeudan salarios y honorarios”.
Estas medidas urgen ya que de acuerdo a la herramienta que habilitó a S.C.A.R.E a sus afiliados para que denuncien el incumplimiento de pagos de salarios y honorarios, se reporta cifras morosas por 1.267 millones de pesos por parte de Esimed, deuda que aún no han sido pagada.
