La delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia de la Procuraduría General de la Nación, Ilva Miriam Hoyos, dijo al término de la reunión convocada con el fin de frenar las situaciones que están afectando el buen funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación, que en el mismo “hay falencias financieras, técnicas, administrativas, logísticas y en la supervisión y seguimiento por parte del Ministerio de Educación, que han ocasionado graves violaciones a los Derechos Humanos”.
En el encuentro, en el que también participó el Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Víctor Saavedra, se estableció la necesidad de hacer cumplir la ley, que obliga a suministrarle a los niños un complemento alimenticio.
La ley establece que el PAE tiene como objetivo brindar un complemento nutricional y garantizar la permanencia de los beneficiarios en el sistema educativo, situación que no se está cumpliendo en algunas regiones del país, según el informe realizado por el Ministerio Público, que además arroja 11 investigaciones por diferentes operadores disciplinarios de la Procuraduría.
“No puede presentarse un caso más como el de Aguachica”, comentó la procuradora Hoyos e invitó a emprender los diálogos necesarios para realizar un trabajo conjunto que permita solucionar la crisis. La Procuraduría dio cuenta de que hubo prioridad en el PAE en el seguimiento a los informes de gestión presentados en el 2015 por los alcaldes y gobernadores, pero se notó con preocupación que no se implementaron políticas, planes y programas para su desarrollo.
“Los gobernadores deben incluir el PAE en sus planes de Desarrollo, pues aunque dicen que el programa es importante, no lo incluyen”, añadió la procuradora Hoyos sobre la responsabilidad que tienen las entidades territoriales en la solución de la crisis.
Por lo anterior, se acordó constituir una mesa de seguimiento al programa para monitorear y evaluar de manera permanente su desarrollo. “Tenemos un interés común. Nos unen los niños”, concluyó la delegada de la Procuraduría.
