La Procuraduría General de la Nación alertó que la Gobernación Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina habría entregado la infraestructura médico-asistencial del departamento, para su explotación gratuita, a Salud Global IPS y Sermedic IPS SAS, para la venta de servicios de salud en la isla lo cual les ha generado ingresos por más de 38 mil millones de pesos al año.
El Ministerio Público señaló que se encontraron indicios que podrían determinar la existencia de irregularidades contractuales en el convenio interadministrativo firmado entre la gobernación y la IPS Universitaria, de la Universidad de Antioquia.
El convenio determinaba que la institución prestadora de salud debía gestionar los hospitales públicos del departamento, pero la administración de estos fue asignada, al parecer, de manera irregular, a dos IPS privadas, que hasta el momento los han explotado en forma totalmente gratuita.
Para el ente de control resulta censurable que el negocio jurídico fuera entregado mediante contratación directa, ya que al parecer se pudieron vulnerar los principios de selección objetiva y publicidad que rigen la contratación estatal.
Así mismo, advirtió la posible incursión de la IPS Universitaria en la práctica de intermediación de servicios de salud, expresamente prohibida por circulares 066 y 067 de la Superintendencia Nacional de Salud.
Con la firma del convenio interadministrativo la IPS se comprometía a invertir 105.000.000 millones de pesos mensualmente, en el mantenimiento preventivo de los bienes entregados en concesión, pero al parecer, a la fecha no se evidencian soportes del cumplimiento de dicha obligación, y los hospitales se encuentran deteriorados.
En el informe el Ministerio Público, también advirtió la presunta irregularidad en la que habría incurrido la IPS Universitaria al comprometerse con Sermedic IPS, para conseguir que el departamento le subsidiara su operación como IPS privada, logrando que en menos de dos años, la entidad territorial le girara recursos públicos por más de 8.000 millones de pesos, sin considerar la deficiente prestación de los servicios de salud.
La Procuraduría General de la Nación compulsó copias y dio traslado del informe para que se adelanten las investigaciones de carácter disciplinario, fiscal y penal a las que haya lugar y se tomen las medidas necesarias para garantizar la protección de los recursos públicos y el dinero de la salud.
