A las 8:00 de la mañana se inició la audiencia de seguimiento a la sentencia T-236 de 2017, convocada por la Corte Constitucional este jueves en Bogotá, relacionada con la restricción del uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos.
En un primer bloque sentaron su posición en favor de reanudar las aspersiones aéreas con glifosato, los representantes del Gobierno nacional, empezando por el presidente de la República Iván Duque, quien afirmó que esta no es una discusión sobre un herbicida, sino sobre el crecimiento vertiginoso que los cultivos ilícitos y el narcotráfico han tenido entre 2013 y el primero de agosto de 2018, una situación que amenaza el orden constitucional en los territorios y frente a la cual el país necesita de todas las herramientas para combatir este flagelo.
“Yo quisiera plantear, respetuosamente, que esta no es una discusión sobre un herbicida. La verdadera discusión es sobre la amenaza y los riesgos que enfrenta hoy nuestro país, por cuenta del crecimiento vertiginoso en los últimos años de los cultivos ilícitos, y las consecuencias que esto trae para el orden público, la seguridad nacional, la protección y el tutelaje de los derechos fundamentales de los colombianos, especialmente de aquellos más vulnerables que habitan las zonas que por años han tenido una presencia de cultivos ilícitos y que se han acentuado en los últimos años”, planteó el Jefe de Estado al iniciar su intervención.
Bajo esa premisa consideró que el país requiere de todas las herramientas para enfrentar la actividad criminal del narcotráfico, entre ellas el desarrollo alternativo, la erradicación manual, el pago por servicios ambientales, la interdicción y la aspersión aérea.
Por lo que pidió a Corte Constitucional modular la sentencia T-236 de 2017, argumentando que “No se pueden limitar las herramientas, limitar el uso de las herramientas ante este fenómeno, ante esta amenaza que puede afectar la capacidad misma del Estado de proteger la integridad territorial y los derechos de muchos colombianos”, dijo.
En el mismo orden de ideas se manifestaron los ministros de Salud, Defensa y Medio Ambiente del actual Gobierno.
Evidencias no concluyentes: Minsalud
El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, afirmó que junto al Instituto Nacional de Salud en febrero de este año, es decir hace un mes, hicieron la revisión de las evidencias científicas posterior a estudios que relacionan el glifosato con el cáncer, en virtud a que persiste la controversia científica sobre los efectos sobre la salud humana.
El Ministro afirmó que se revisaron los estudios que relacionan la aparición del linfoma no hodgkin con el glifosato, así como un estudio del comportamiento epidemiológico en zonas expuestas al glifosato y no expuestas y concuerda que la información no es suficientemente precisa ni confiable sobre la exposición al glifosato con la incidencia de este tipo de cáncer.
También se analizaron las quejas recibidas en zonas aspersadas entre los años 2001 a 2015. “De un total de 99 quejas reportadas se analizaron 33 concluyendo que la principal manifestación de salud encontrada fue dermatológica. Y se analizaron las muestras de agua antes de la aspersión inmediatamente después y 60 días posteriores entre 2005 y 2015 y muestra niveles bajos en las fuentes de agua.
Por último el Ministro Uribe informó que está elaborando tres documentos técnicos. Uno que tiene que ver con la adaptación de la herramienta de la OMS para peligros químicos; un modelo de seguimiento en las zonas con base en el protocolo publicado por la OMS que contiene aspectos técnicos para la salud humana derivado del uso de sustancias químicas.
Y anunció un protocolo de estudio prospectivo para evaluar efectos en salud asociados al glifosato en territorios donde se dé la aspersión.
Impactos ambientales de los cultivos de coca: Minambiente
Por su parte el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano centró su exposición en los graves impactos ambientales que genera la siembra de cultivos ilícitos sobre los bosques y zonas protegidas naturales del país.
“Una de las deudas que tenemos con la sociedad es contarle sobre la realidad de los impactos ambientales causados por el narcotráfico. En el 2017 la deforestación asociada a los cultivos de coca fue del 24% del total de la deforestación; más de 137 hectáreas de bosque natural colombiano han sido deforestados por los cultivos de coca. Y eso conlleva es aumento de avalanchas, sedimentación, deslizamiento y toda la situación que ha generado poner a la población en alto riesgo hidroclimático.
Y casi el 30% del área de parques nacionales naturales en el país, está afectada por la deforestación causada por cultivos de coca. “Por eso urge reforzar la política de lucha contra los cultivos ilícitos”, concluyó.
Por su parte el ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto, defendió también la aspersión aérea con glifosato al considerar que es más eficiente y brinda mayor seguridad a la población y al personal militar.
Polémica por comparaciones del Fiscal
En esa misma línea el fiscal general Néstor Humberto Martínez defendió el uso del herbicida para la erradicación de los cultivos.
Al hacer referencia a los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Interamericana para el Uso de las Drogas afirmó que “no hay una evidencia científica sobre la afectación a la salud (…) el glifosato no es cancerígeno ni mutagénico”.
En este sentido sostuvo que Organización Mundial de la Salud publicó un estudio de 2015 en el que señala que el uso del herbicida podría ser probablemente cancerígeno.
Pero lo que más llamó la atención de su declaración fueron las comparaciones que hizo el Fiscal del glifosato con otros productos de consumo humano.
Según el fiscal Martínez “las afectaciones que podría causar el herbicida en una categoría conocida como 2a, serían similares a las que podría causar el consumo de carnes rojas y el café. Los colombianos tenemos que saber que el glifosato hace el mismo daño que el café y las carnes rojas, los sprays para el cabello, los esteroides y el aceite de cocina”, señaló, al pretender demostrar el poco riesgo que corren las comunidades que resultarían afectadas con la fumigación”.
Posterior a este primer bloque de participantes que se centró en pedir que la Corte permita nuevamente la fumigación aérea en zonas de cultivos ilícitos se dio la palabra a representantes de comunidades afectadas, a científicos y a voceros del Gobierno de Juan Manuel Santos que solicitaron a la Corte Constitucional mantener la medidas preventivas.
