Medellín.- Desde Medellín le toca trabajar al gerente de la E.S.E. Hospital San Rafael del municipio de Venecia (Suroeste antioqueño), Juan David Velásquez Restrepo y al subgerente Científico, Francisco Javier Godoy González a raíz de las amenazas contra sus vidas recibidas el martes 20 de noviembre.
En diálogo con Opinión y Salud el doctor Juan David explicó que las intimidaciones llegaron a los teléfonos celulares institucionales de él y del Subgerente Científico, “donde a los dos nos desplazaban del municipio, dándonos 72 horas para que nos retiráramos del municipio, sino atentarían contra la vida de nosotros dos”.
Inmediatamente ellos acudieron a las autoridades del municipio de Fredonia, por ser donde se ubica la Fiscalía regional del Suroeste y los atendieron allí al día siguiente.
Luego se trasladaron a Medellín para poner la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en la Personería, a las secretarías Seccional de Salud y Protección Social, y a la de Gobierno departamental, entre otras autoridades.
El directivo afirmó que ni él, ni su compañero de trabajo tienen indicios del porqué esas amenazas, pues nunca las habían recibido en lo que llevan en la actual administración (desde agosto de 2016) y en las oportunidades que han trabajado en las E.S.E. de Caramanta y La Pintada. No se les han presentado dificultades personales, ni laborales como para pensar en tener intimidaciones.
Por su parte, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los autores de esos hechos.
Entre tanto, personal de la oficina de Derechos Humanos de la gobernación de Antioquia les recomendó a los directivos laborar desde Medellín y que sólo viajen a Venecia en caso de ser estrictamente necesario, en cuyo caso se les asignaría el acompañamiento de policías.
“Sinceramente hasta que no tengamos esa plena protección y seguridad por parte de los agentes responsables, sí nos da ese temor personal de que atenten contra nosotros”, aseveró Velásquez Restrepo.
Reconoció este galeno que Venecia (13.000 habitantes) era un municipio tranquilo, pero se ha vuelto muy peligroso, al punto que cada 15 días se mata a una persona en promedio. Ha habido más de 37 asesinatos en los más de dos años que lleva como Gerente del San Rafael. Incluso hace pocos días hubo un atentado con artefacto explosivo.
Situación de la E.S.E.
Desde el año 2017 el Hospital viene teniendo una situación delicada, pues cuando ingresó la EPS Medimás a ese municipio, le retiró al centro asistencial 2.900 usuarios y se los entregó a una IPS privada.
Luego de varios derechos de petición y de múltiples quejas a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia ésta inspeccionó el establecimiento y lo cerró en marzo de 2018.
Estos usuarios que fueron retirados de la E.S.E. le representaron dejar de percibir 60 millones de pesos mensuales durante un año al San Rafael, lo que produjo un hueco fiscal, adicional a las dificultades que se presentan con los pagos de las EPS, especialmente las liquidadas como Cafesalud y Saludcoop, y Coomeva que se retiró de varios pueblos sin pagar sus obligaciones.
Posteriormente esos 2.900 usuarios volvieron a recibir servicios del Hospital.
En total las deudas de esas EPS mencionadas con este Hospital ascienden a 970 millones de pesos, que sumadas a lo que adeudan las otras aseguradoras que actualmente tienen contratación (Savia Salud y Nueva EPS) llegan a 1.700 millones de pesos.
Este centro asistencial presentó ante el Ministerio de Hacienda un plan de saneamiento fiscal y financiero, el cual de ser aprobado recibiría 740 millones de pesos, con los cuales pagaría los salarios que les deben a los trabajadores antes de junio de 2018, que hacen parte de la nómina y a los de tercerización. A los primeros se les adeuda cerca de 650 millones y a la empresa subcontratista 90 millones de pesos.
El Gerente aclaró que de junio en adelante se ha venido pagando salarios cumplidamente cada mes.
Hoy en día en la planta de cargos de la E.S.E. hay 25 empleados y cerca de 30 por tercerización laboral.
Cabe anotar que el San Rafael es un centro asistencial de primer nivel, que atiende a los habitantes del municipio y también a quienes pasan por el corregimiento Bolombolo, que hace parte de esa jurisdicción, pues está justo en la troncal del Suroeste.
“Esa es una situación delicada ahí porque cuando el Ministerio de Salud clasificó al centro de salud, lo clasificó como tipo A; o sea, un centro de salud básico y ahí es donde tenemos unas dificultades económicas, únicamente daría servicios médicos de consulta de médico general, de odontología, de promoción y prevención, y toma de muestras de laboratorio, pero por su situación geográfica, es un centro de salud tipo B, donde tengo que prestar urgencias 24 horas. Entonces yo tengo casi dos hospitales en el municipio”, dijo el Velásquez Restrepo.
Manifestó el galeno su preocupación también porque al estar en un plan de saneamiento fiscal y financiero, debe ceñirse a la red realmente aprobada por el Ministerio de Salud, lo que significaría cerrar los servicios que no están avalados como las urgencias, farmacia, transporte, entre otros. “Lo que pasa es que nadie ha asumido esos servicios que no están aprobados en la red por el Ministerio de Salud”.
Rechazo de AESA
Por su parte, la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) dirigida por Luis Alberto Martínez Saldarriaga, manifestó su rechazo categórico frente a las amenazas a los médicos en mención del Hospital San Rafael.
“Rechazamos ese tipo de prácticas, que no hacen más que desequilibrar el funcionamiento de las instituciones que tienen que velar por la salud de la población”, eso se suma a la angustia permanente que tienen los directivos por la crisis económica permanente que hay en el sector de la salud en el país, anotó Martínez Saldarriaga.
“AESA hace un llamado a las autoridades del municipio de Venecia, a la Policía Nacional, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, a las autoridades sanitarias del departamento para que de manera inmediata tomen todas las medidas necesarias y que correspondan para garantizar la vida e integridad de las personas amenazadas en este caso, a la vez que para ofrecer las condiciones de seguridad para el buen desarrollo d
