En momentos en que el ministro de Salud Juan Pablo Uribe pone en la agenda nacional del sector los temas de calidad en la atención, por encima del enfoque financiero y de cobertura formal del aseguramiento, debemos pensar en que no puede haber servicios de calidad, prestados por personal médico trabajando en condiciones indignas.
Ahora que se inicia la discusión de la Ley del Plan de Desarrollo, que busca implementar una la política social moderna, eficiente y de calidad, alineada en términos de incentivos para la formalización laboral, es pertinente la ocasión para abordar la problemática de la informalidad laboral del personal sanitario, y que se ofrezcan estabilidad laboral, ingreso justo y educación médica continua; y convertir el momento en el punto de partida para hacer realidad el derecho a que los pacientes estén bien atendidos, a que las instituciones estén fortalecidas financiera y administrativamente.
Es posible que la regulación de las relaciones laborales del personal médico trascienda las competencias del Ministerio de salud, y por ello se debe abordar en agenda conjunta con el Ministerio del trabajo.
En la actualidad la mayoría de enfermeras, médicos y demás profesionales sanitarios que operan en el sector público de la salud, están contratados a través de intermediarios laborales con contractos a término fijo, figura que permite la ley 80 de 1.993 que hace referencia a trabajos ocasionales y se está utilizando para cubrir cargos que son permanentes en las instituciones de salud.
Son muchas las deformaciones que han sufrido las relaciones laborales del personal médico, quizás la más generalizada sea la contratación a través de la Cooperativas de Trabajo Asociado, poniéndole como condición, la firma de la carta de renuncia, incluso antes asociarse a la cooperativa, todo con la clara intención de disminuir los beneficios laborales y de la seguridad social de los trabajadores.
Distintas instancias judiciales se han pronunciado en el sentido de que tomar como excusa la vinculación formal bajo la modalidad de trabajo asociado mediante una cooperativa multiactiva que suministra personal a una clínica, se considera uso fraudulento de esa forma de contratación para esconder una verdadera relación laboral, máxime cuando se trata del desempeño de labores misionales que no pueden ser consideradas como actividades esporádicas en una institución hospitalaria, sino que, en su generalidad, tienen un carácter de permanencia por cuanto hacen parte integral de la misión de cualquier ente que preste servicios de salud, razón por la cual se deben desarrollar por el personal médico en condiciones dignas.
Son muchos los casos que podrían ilustrar la problemática laboral del personal sanitario, por ejemplo el de un hospital del departamento del Magdalena, donde los médicos son contratados por períodos mensuales, pero al final les pagan solo 21 días de salario; o en el hospital la Buena Esperanza de Yumbo en el Valle del Cauca, donde el personal de auxiliares de enfermería, deben cancelar mensualmente cuotas en dinero a los políticos, además de garantizar un número de votos a los concejales de turno.
La estabilidad del personal de la salud, debe ser un objetivo para el mejorar la calidad de la atención en salud sobre todo en 600 municipios rurales del país, donde los hospitales públicos son prestadores únicos, en ellos el Estado debe garantizar la provisión de recursos humano en salud, si se quiere que la población ubicada en zonas dispersas cuenten con mejores servicios de salud, en este sentido tenemos casos, como en el departamento del Chocó, donde los costos de la prestación de servicios son mayores, que en otras zonas del país y los ingresos que perciben los hospitales resultan insuficientes para el pago de nómina, acumulando hasta cinco meses de salarios retrasado, como ocurre en el Hospital Julio Roldan de Quibdó o en el Hospital de Itsmina.
