Desde cuando el pasado 16 de febrero el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1751 de 2015 o más conocida como la Ley Estatutaria de Salud, es mucho lo que se ha escrito, dicho y especulado al respecto. Y no es para menos, pues cuando el primer mandatario anunció dicha sanción, lo hizo diciendo que con esta nueva l ey “se acabaría el paseo de la muerte”, que es como se ha conocido en nuestro país el trágico recorrido de algunas personas por diversas entidades del sector salud en búsqueda de atención de urgencias para finalmente fallecer por no haber encontrado oportunamente dicha atención.
Por eso resultan materia de obligado análisis y consideración las referencias que en los últimos días el Ministro de Salud Alejandro Gaviria ha hecho en algunos medios de comunicación sobre la precitada Ley Estatutaria “que regula el derecho fundamental a la salud” en Colombia, especialmente una en la que mencionó que “tenemos que ser capaces de leer la Ley Estatutaria de manera responsable” dentro del período que él mismo ha denominado los “dos años cruciales para el sistema de salud en Colombia en materia de sostenibilidad y equidad”.
Esas palabras merecen un primer análisis: ¿qué implica o significa para el gobierno una “lectura responsable” de la Ley Estatutaria de Salud? Porque para el país no existen dudas sobre el significado de lo expresado por la Corte Constitucional frente al texto aprobado en el Congreso al respecto y que quedó consignada tanto en los comunicados de prensa como en la Sentencia C 313 de 2014 en la que declaró exequible dicha Ley. La Corte fue enfática en reafirmar el derecho fundamental a la salud en los términos que deben respetarse y observarse integralmente por los diferentes actores que intervienen en el sistema de salud colombiano para beneficio pleno de los pacientes en Colombia. Por eso, la única “lectura responsable” que cabe con este nuevo marco legal es que quienes habitan este país, esperan que por fin tendrán acceso oportuno y sin barreras a la atención en sus diferentes fases: prevención de la enfermedad, promoción de la salud, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. De todas formas, el país lo que menos espera y para nada desea es que esa “lectura responsable” que pide el jefe de la cartera de salud implique que los colombianos “no se puedan enfermar o si lo hacen, sean responsables y no cobren”, tal y como lo anotó un analista del sector el pasado fin de semana.
Siguiendo con la revisión de las palabras del Ministro, él menciona que a raíz la situación económica del país, dadas las prioridades del postconflicto, “vienen dos años cruciales para el sistema de salud en Colombia en materia de sostenibilidad y equidad”. En ese aspecto me permito diferir del origen de esos “dos años cruciales” de los que habla el Ministro pues la razón de lo crítico de ese momento no obedece a las consecuencias económicas del postconflicto. La situación económicamente crítica del sistema en los próximos dos años pasa por dos situaciones claramente definidas y conocidas por los analistas del sector: la primera, relacionada con las aseguradoras, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, y la otra, relacionada con la salud financiera de los prestadores de salud, tanto públicos como privados.
El tema de las aseguradoras es evidente e identificable en el boletín de la Superintendencia Nacional de Salud del mes de septiembre de 2014. Para esa fecha de corte según el ente de control, el endeudamiento que tenían las EPS con sus proveedores de servicios era del 111.61%, lo que traduce que están totalmente insolventes y por ello tengan un capital de trabajo negativo de más de billón y medio de pesos que no tienen, debiéndose dejar constancia que ese valor además resulta subestimado por la imposibilidad que tienen los hospitales y las clínicas de conciliar su cartera con las aseguradoras. Llama la atención que los índices que se derivan del análisis de algunos cuadros del citado boletín de la Superintendencia, dicha entidad no los calcule pues de hacerlo mostraría algo que resultaría muy obvio para el lector y es que el sistema está literalmente reventado, sobre todo cuando se entiende que el activo más importante de ambos regímenes están en cuentas por cobrar al Fosyga y a los entes territoriales.
Y el otro tema, el relacionado con las IPS, es que por la circunstancia anterior, la gran mayoría de clínicas y hospitales están en dificultades financieras que ponen en peligro su subsistencia en los siguientes meses pues su rotación de cartera excede los 200 días.
Finalmente el ministro dice que en el futuro inmediato en el proceso de aplicación de la Ley Estatutaria de Salud, “en busca de cerrar las brechas existentes en la atención a los usuarios se pueden presentar posibles tensiones”. Sin embargo, lo que se debe procurar desde ahora mismo precisamente es evitar este tipo de “tensiones”, pues cada una de ellas, ya sea por la negación de un servicio o la remisión inoportuna al nivel de atención que requiera un paciente o de un mal llamado “paseo de la muerte”, además del problema de salud del que está enfermo, existe un problema que implica a toda la familia y que en algunos casos envuelve a un entorno más amplio e involucra a grupos más grandes de la sociedad, como es en muchos casos la pérdida de la vida de las personas así afectadas.
Vale aclarar que ese tipo de “tensiones” no tienen que esperar dos años para que aparezcan pues ya se están viviendo en el día a día: protestas públicas de los profesionales y de los trabajadores de la salud, colapso de los servicios de urgencias que originan motines en esos servicios, y hasta anuncios de paro o huelga a nivel nacional por parte de quienes laboran en el sector salud, (aunque de manera coincidencial, justo la semana pasada, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia anunció su determinación de calificar como ilegal cualquier cese de actividades en la prestación del servicio público de salud).
Como corolario, tal y como me he permitido enfatizar ya en varias ocasiones a raíz de la reciente sanción de la Ley Estatutaria de Salud, al colombiano de a pie no le importa qué tipo de norma nueva se expida, lo que le importa es que por fin, desde ahora y para siempre se le respete integralmente su derecho a la salud, que pueda recibir promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, todo esto bajo la responsabilidad del Estado. Sólo cuando a los ciudadanos en este país se les garantice eso, dejará de ser importante cualquier consideración sobre “la lectura responsable, los años cruciales y las tensiones de la Ley Estatutaria de Salud”
