Definitivamente en Colombia hay dos países en uno solo. Son los dos países de la salud colombiana, uno es el que ven desde la dirigencia nacional del sector, y el otro es el que sienten y padecen los pacientes, los profesionales y trabajadores de la salud, las instituciones hospitalarias, tanto las públicas como las privadas, e inclusive las direcciones territoriales de salud.
La semana anterior, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que cerca de 321 Empresas Sociales del Estado (ESE) u hospitales públicos, mejoraron sus condiciones y por lo tanto habían salido del riesgo financiero durante el último año. Para el jefe de la cartera de salud, durante 2014 y 2015 de los 953 hospitales que funcionan en el territorio, 539 fueron categorizados sin riesgo; 169, es decir el 17.7%, están en bajo riesgo y 245, es decir el 25.7%, están en riesgo medio.
Para explicar la nueva cifra de hospitales públicos en riesgo financiero, Gaviria ha dicho que en 2014 había en riesgo medio y alto 568 hospitales y este año hay 323 menos, pero por riesgo financiero dos hospitales fueron liquidados en ese periodo y lo que estamos haciendo es que siguen los programas de saneamiento fiscal y financiero y la situación allí es distinta a la que tenían hace un año.
Según el Ministro, el mejoramiento de la salud financiera de los hospitales públicos en Colombia se debe al giro directo como mecanismo de pago a los prestadores, a los programas de saneamiento fiscal y financiero suscritos por esas Empresas Sociales del Estado y el ministerio de Hacienda y Crédito Público, y por la compra de la cartera que ha venido realizando el ministerio de Salud y Protección Social con dichas instituciones hospitalarias. Gaviria ha resumido toda esas serie de acciones salvadoras de la red pública hospitalaria del país, es porque “detrás de esto lo que hay es una estabilización de la política pública y exitosa”.
Sin embargo, esa ola de mejoramiento financiero de los hospitales públicos que son las entidades donde principalmente se atiende la población pobre y vulnerable de este país y que está afiliada al régimen subsidiado, no es igualmente percibida y muchos menos aceptada por los mismos hospitales públicos. Por eso, si bien para el gobierno el 56 % de los hospitales públicos en Colombia hoy ya no tienen riesgo financiero, para la asociación que los agrupa, estas cifras son muy distintas.
Por eso, para lo que el Ministro significa mejoramiento producto de “una estabilización de la política pública y exitosa” y lo celebra como una buena noticia, para la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos (ACESI), lo que hubo fue un cambio de metodología que no significa que realmente haya mejorado la salud financiera de los centros hospitalarios.
Luis Alberto Martínez, vicepresidente de ACESI, manifestó que “el Ministerio de Hacienda de una manera amañada venía acumulando a los hospitales que caían en riesgo medio y alto, y nunca salían de él”. Las cifras de ACESI muestran que a los hospitales públicos las EPS les deben cinco billones de pesos y tienen deudas por 4.5 billones de pesos con proveedores y personal.
En ese mismo sentido, el Gerente de un hospital público de la Costa Atlántica manifestó durante la audiencia pública adelantada por la Comisión Séptima del Senado de la República en la ciudad de Barranquilla la semana anterior, que las EPS nunca pagan la totalidad de las cuentas facturadas y la deuda se va acumulando, lo que los mantiene al borde del colapso financiero. Durante dicha audiencia el gremio de prestadores de servicios de salud que integra tanto a entidades públicas como privadas, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), presentó los avances del próximo estudio de cartera que realizó dicho gremio que continuando con la tendencia de morosidad en el pago de las obligaciones, las EPS y entes territoriales deben en este momento a clínicas y hospitales más de 5 billones de pesos y la deuda sigue creciendo, aclarando que esa cifra corresponde al reporte de sólo 140 IPS del país, lo que indica que la cifra real de deuda es mucho mayor.
Sobre los pronunciamientos del ejecutivo al decir que los prestadores no tienen la cifra precisa de deuda y que ésta podría estar aumentada por esas inexactitudes, la ACHC refutó que los prestadores sí tienen absoluta claridad de cuánto les deben porque son los que atienden los pacientes, pero ahora hay una forma deliberada para no aceptar las deudas, pues hoy ni siquiera les están recibiendo las facturas para no afectar la contabilidad de las deudoras morosas del sistema.
Para seguir evidenciando diferencias notables entre lo percibido e informado por el gobierno y lo que los hospitales públicos viven en su realidad diaria, debe referenciarse lo que también se dijo en la audiencia de la semana pasada en Barranquilla, en la que mientras que los representantes del ejecutivo decían que el mejoramiento financiero de estas Empresas Sociales del Estado por el avance del giro directo en los pagos y por “una estabilización de la política pública y exitosa”, pop el lado de los hospitales públicos se dio a conocer que algunas EPS les estaban proponiendo pagos diferidos a siete años de deudas viejas, pese a que las EPS les están haciendo giros directos para que cumplan con esos pagos de forma puntual.
Hace unas semanas la Dirección distrital de Salud de Cartagena requirió a la Superintendencia Nacional de Salud la revocatoria de habilitación de cinco aseguradoras en salud, entre las que hay algunas del régimen contributivo y otras del subsidiado, entre otros aspectos, porque están vulnerando el sistema General de Seguridad Social en Salud y el derecho a la salud, operando sin contratar una red de servicios y sin pagar oportunamente sus acreencias, además de vulnerar reiteradamente los derechos a la salud de sus afiliados y de manera particular el de sus niños, niñas y adolescentes con cáncer. Entre esas entidades a las que se le requirió a la Superintendencia Nacional de Salud la revocatoria de habilitación, hay dos cajas de compensación familiar, y para seguir con las contradicciones que evidencia que en Colombia hay dos países en la salud de sus ciudadanos, en el Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el gobierno y recientemente aprobado por el Congreso de la República, se definió la entrega de nuevos e importantes recursos financieros de salud de origen público a las cajas de compensación familiar, lo que obviamente genera alerta y prevención en los demás actores que intervienen en el sistema.
En últimas, esas diferentes ópticas con las que se ve una misma situación del sistema de salud colombiano, la del gobierno por un lado, y la de los hospitales y prestadores de servicios de salud en general, así como de las direcciones territoriales y los profesionales y trabajadores del sector, lo que generan, además de la confusión por tan diferente información sobre los mismos temas, incrementan la falta de credibilidad y confianza de la ciudadanía en general en el sistema de salud colombiano.
Los pacientes, que son los más importantes actores y en últimas son los dueños verdaderos del sistema, con toda la seguridad y por lo que viven y padecen cada día, también se ubican al lado de hospitales y clínicas, profesionales y trabajadores del sector y direcciones territoriales, y ven ese otro país que sigue sin garantizarles el derecho a la salud, justamente el país que no ven los que dirigen desde el ejecutivo el sector salud.
