Colombia no deja de sorprenderse con las noticias que indican que en este país aún siguen muriéndose personas que no debieran morir, pues existe tanto el conocimiento científico como la tecnología médica suficiente para evitar dichos fallecimientos.
La semana anterior el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) informó que en Colombia cerca de 500 mujeres mueren cada año en el país por causas relacionadas con su embarazo y parto. Según el UNFPA más del 98% de estas muertes pudieron evitarse. En Colombia durante el año 2013, murieron 460 mujeres gestantes.
Para esta agencia resulta fundamental que se haga realidad en este país el acceso a la salud sexual y reproductiva, incluyendo la planificación familiar, como parte de un derecho humano básico y que definitivamente es crucial para salvar las vidas de las mujeres.
Desde la óptica de la salud pública, la mortalidad materna es un tema prioritario y su origen se relaciona con la vulneración de los derechos de las mujeres, situación que genera impactos devastadores en las familias y los hijos sobrevivientes. La mortalidad materna es además un indicador del desarrollo de los países.
Jorge Parra, Representante del UNFPA en Colombia, es enfático al hablar de la preocupación de esta entidad sobre el tema de la muerte de gestantes en Colombia, sobre todo que en un país con el nivel de desarrollo de Colombia, “donde el 98% de los partos son atendidos en instituciones de salud y no en la casa, no deberían morir casi 500 mujeres cada año, sobre todo siendo la mayoría de estos fallecimientos, muertes evitables”.
De acuerdo con el citado informe, los departamentos más afectados con esta mortalidad materna evitable son los que tienen mayor proporción de población indígena y afrodescendiente, estos departamentos son Vichada, Guajira, Chocó, Amazonas y Guainía.
Para empeorar el panorama, esta situación que de acuerdo con el UNFPA está demostrando la existencia de limitaciones en la calidad y oportunidad de los servicios de salud, pues en el 78,9% de estas muertes se identificaron tratamientos médicos inadecuados e inoportunos, impedirá que Colombia no pueda cumplir con el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) No. 5, que fijó como meta una reducción del 75% de la muerte materna a nivel mundial, para el 2015. El incumplimiento colombiano con esa meta del ODM No. 5 es porque si bien el país ha logrado pasar de una tasa de 104,94 muertes por 100.000 nacidos vivos en el año 2000 a 69,3 en el 2013, la meta trazada es de 45 muertes por 100.000 nacidos vivos para 2015.
Otro aspecto que quedó demostrado con el informe citado es que en Colombia siguen existiendo diferencias territoriales que confirman la relación entre la desigualdad social y la muerte de mujeres gestantes. Lo anterior se ejemplifica con casos como los de Bogotá y Risaralda, donde mueren cerca de 27 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, mientras que en Vichada mueren 412 y en La Guajira 255 mujeres por cada 100.000 mil nacidos, reflejándose una evidente desigualdad social específica en el escenario territorial para la prestación de servicios de salud.
Ahora bien, cuando se hace el análisis relacional de la muerte con la edad de la embarazada, se evidencia de acuerdo con el informe del UNFPA que el riesgo de muerte materna es el doble cuando se trata de partos en adolescentes, en comparación con mujeres adultas. Una de cada cinco mujeres menores de 19 años (19,5%) ha estado embarazada, y cuando la adolescente es una desplazada, esta cifra asciende al 30%.
El informe también puso sobre el tapete del cuestionamiento nuevamente el rol que están cumpliendo las agencias de aseguramiento en salud en Colombia, pues de acuerdo con dicho reporte, más de la mitad del total de embarazos no son planeados, lo cual indica fallas en el acceso y uso de métodos anticonceptivos en el país: el 48% de las mujeres no sabe que las EPS (tanto las del régimen subsidiado como las del contributivo) están obligadas a brindar métodos anticonceptivos de manera gratuita.
Nuevamente Colombia se entera de una problemática cuya solución debe trascender de una política de estado muy bien teorizada y documentada, a una realidad práctica tangible para cada una de las habitantes del país. Es vital tener en cuenta como se explicitó al principio de este escrito que “el acceso a la salud sexual y reproductiva, incluyendo la planificación familiar, como parte de un derecho humano básico y que definitivamente es crucial para salvar las vidas de las mujeres”.
Por ello el llamado a las autoridades sectoriales a nivel nacional y territorial para que cumplan con el deber de proteger y apoyar a las mujeres en este país, especialmente a aquellas en zonas rurales y en conflicto armado. Para ello resulta fundamental como lo dice el UNFPA en su informe que “el Estado y toda la sociedad tomen medidas para salvar las vidas de las mujeres que viven en el campo, las indígenas y las afro, que son las que más se mueren” .
Por lo anterior es urgente y necesario fortalecer el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y de educación sexual para adolescentes, para que puedan tomar decisiones informadas, y hacer uso de métodos anticonceptivos seguros, así como recibir atención integral en caso de violencia sexual. De manera complementaria, se debe garantizar atención en salud de calidad para las adolescentes embarazadas que les permita tener partos seguros, y evitar embarazos siguientes, en caso de no desearlos.
Mientras estos aspectos no se fortalezcan y mejoren, nuestras mujeres embarazadas seguirán falleciendo de muertes evitables, y las muertes de las gestantes seguirá siendo un asunto embarazoso para el Estado colombiano, dejando de cumplir así Colombia las metas definidas como Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
