Cúcuta.- En el acalorado debate de control político que se llevó a cabo en el recinto del Concejo de Cúcuta, quedó claro que la intención real de la administración municipal no es sólo entregar a operadores privados servicios del Policlínico de Atalaya, sino de varias Unidades Básicas de Atención de la red de prestadores de la ESE municipal Imsalud.
El debate citado para que la gerente de la ESE Imsalud, Katherine Calabró, diera a conocer cuál es el proyecto inscrito ante el Ministerio de Salud y ante el Instituto Departamental de Salud (IDS), que soporte el interés de contratar con un tercero los servicios de traumatología y ortopedia del Policlínico de Atalaya que atiende a pobladores de al menos dos comunas de Cúcuta, terminó sin dar claridad a este tema en particular y por el contrario dejó al descubierto que la intención de la Alcaldía no es solo entregar a operadores externos estos servicios, sino los de las Unidades Básicas de Atención de los barrios La Libertad, Puente Barco-Leones y Loma de Bolívar.
Según la gerente Katherine Calabró la entidad no cuenta con los recursos para seguir manteniendo la red prestadora ni para hacer un empréstito por 15 mil millones de pesos que son las inversiones que se requieren para poder habilitar la unidad que se aspira construir. Y alegó que en administraciones pasadas se ha intentado modernizar y mejorar los servicios de la ESE pero no se ha podido por falta de recursos.
Al respecto los concejales denunciaron que nunca la entidad ha presentado ante la Corporación proyecto alguno para reestructurar la ESE y sus unidades de atención, tampoco ha entregado cuentas sobre sus finanzas y de ahí que desconocen en su totalidad los motivos o los proyectos del Municipio en este sector.
El concejal Víctor Fidel Suárez se ratificó en sus apreciaciones en el sentido de que Imsalud está tomando decisiones a espaldas del Concejo y de la comunidad y que van en detrimento de los ingresos de la ESE. En el caso del Policlínico de Atalaya se pretendía mediante un proceso de licitación entregar el manejo por 20 años mediante una APP de los servicios de traumatología y ortopedia y que un concesionario asumiera la construcción de la infraestructura, pero devolvería durante esas dos décadas al municipio, solo el 10% de lo facturado.
“Me ratifico en que los organismos de control investiguen qué se está haciendo en Imsalud porque como lo dijeron el director del IDS, Juan Bitar y la secretaria de Salud del Municipio, Judith Ortega, no estaban enterados de este proceso, ni conocen las razones para llevar a cabo este proceso de privatización”, dijo Víctor Fidel Suárez.
Y aunque el proceso licitatorio fue suspendido y declarado desierto, el alcalde César Rojas Ayala ha dicho que lo retomará porque según él, Imjsalud no tiene recursos para mejorar ni ampliar los servicios.
Cabe recordar que en cotubre del 2017, Imsalud se deshizo de 270 empleados de su nómina alegando que debía encontrar un equilibrio en sus finanzas, por lo que Anthoc y trabajadores sindicalizados advierten que se están es preparando las cosas para mostrar una insolvencia económica de la entidad y así justificar la entrega a terceros privados, la red prestadora de los servicios de la ESE de orden municipal.
