Es una realidad absurda la liquidación de hospitales por parte del Gobierno con la justificación de que no son rentables económicamente al ser evaluados y obligados a cumplir el decreto de saneamiento fiscal y financiero impuesto por el Ministerio de Hacienda.
En días pasados le tocó el turno al hospital de segundo nivel de Cartago en Valle del Cauca, dejando a esta población a la deriva en la atención que cubría esta IPS. Se supo que el departamento del Valle está pidiendo ayuda a Risaralda para que asuma esta atención ya que está más cerca que la ciudad de Cali, con la mala noticia de que Risaralda tampoco tiene más capacidad para absorber esta demanda; entonces resultado final, el paciente es el que quedó abandonado, es mandado a sitios distantes o en el peor de los casos se queda en el proceso administrativo de buscar a dónde es remitido.
Una posición responsable de las EPS que tienen población afiliada en Cartago y sus alrededores hubiese sido reclamar al Gobierno el no cierre de este hospital pues no tendrían donde atender a sus clientes, hablando en el lenguaje del Gobierno que la salud es un negocio y obedece a las leyes del mercado. Pero no fue así, a ninguna le interesó, porque lo que menos interesa es el buen servicio y una atención integral. Todo lo contrario, la decisión del cierre del hospital retrasa la atención y por supuesto hay retención del gasto lo cual conlleva a un aumento de la utilidad.
Otra estrategia que se ha evidenciado es la retirada de algunas EPS de ciudades donde no les es rentable tener afiliados y que no venían prestando un adecuado servicio y aunque lo han informado por medios impresos de circulación nacional ha sido sorpresivo para los usuarios quienes argumentan que no fueron notificados personalmente y cuando tuvieron que usar los servicios se enteraron que estaban afiliados a otras EPS y tuvieron que sufrir todas las barreras administrativas que conocemos y también empezar procesos de nuevo ya que no reconocen tutelas de la EPS de donde venían. Es decir les ha tocado volver a hacer CTC para sus tratamiento y eso ha significado demoras en tratamientos para los pacientes, como vemos el costo final lo asume el paciente.
Estos procesos deberían ser más planificados y los traslados deberían ser completos o sea con todo lo que el paciente tenía aprobado, en curso y prioridad en la continuidad de tratamientos.
Otra decisión que traerá efectos negativos a los afiliados del régimen subsidiado tiene que ver con la resolución 1479 de 2015 acerca del NO POS, pues la plantea dos formas del manejo del NO POS, una es que los entes territoriales, departamentales y distritales implementen la contratación de lo NO POS directamente, y la segunda que las EAPB “EPSS” lo suministren y lo recobren a los entes territoriales. Verdades sobre el tema es que no hay presupuesto para cubrir estos servicios y el Gobierno central no quiere asignarlos, lo que significa que el paciente del subsidiado en lo NO POS es un ciudadano de segunda , aun al día de hoy con la Ley Estatutaria de Salud en vigencia; lo que hubiéramos esperado es que el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 2015 hubiera solucionado este problema de raíz, como pudo haber sido que todo lo NO POS se recobrara al fondo que creó para manejar los recursos de la salud, lo que le permitiría tener más claro las necesidades económicas para garantizar el derecho fundamental a la salud .
Algo que puede pasar es que las Epss se acojan a la modalidad de que los entes territoriales asuman el servicio de los NO POS y el paciente quede en manos de instituciones que no tienen la infraestructura para esto y ese sistema paralelo de salud permita mas corrupción y barreras para los pacientes.
Para los pacientes es mucho más difícil exigir ese derecho a un ente territorial porque es más fácilmente tomado por decirlo popularmente del pelo por los funcionarios de estas entidades públicas como no lo muestra las experiencias pasadas y para nosotros las personas que ayudamos a velar por ese derecho se nos es imposible poder hacer seguimiento y luchar por cada ciudadano en cada sitio por la gran rotación de personas y responsables del tema en las entidades públicas.
Pero la cosa no para ahí y sigue empeorando. Para el régimen contributivo en lo NO POS solo estamos en cuenta regresiva para que el Gobierno expida la resolución del cobro porcentual de éstos, lo que significa más gasto para los pacientes, ya que en la funciones del fondo que manejará los dineros de la salud creado en el PND está contemplado la recolección del pago del NO POS de los pacientes del contributivo, tema que claramente es inconstitucional frente a la Ley Estatutaria por la regresividad del derecho.
También fue aprobada en el PND la posibilidad de que el Ministerio de Salud solicite modificaciones al registro sanitario de las Tecnologías en salud “TS”, función que solo le compete al Invima en cabeza de la comisión revisora, entonces vemos cómo usurpa el Ministerio funciones que no le corresponden y tendremos que entrar a analizar su legalidad. Otro aspecto que preocupa es que para nadie es desconocido que ni el Gobierno ni el Ministro quedaron contentos con el resultado final de la Ley Estatutaria lo que significa que el uso de una TS que el gobierno considere cara y o que pueda “afectar” el presupuesto de salud podrá restringir su uso y no ser reconocida dentro del derecho de la salud.
En síntesis, tal como están las cosas, no queda otro camino a los pacientes que reforzar y mejorar el funcionamiento de las asociaciones de usuarios de cada EPS, para vigilar más que se haga efectivo el goce del derecho a la salud: Hay que activar más los canales de comunicación con los usuarios para conocer más la magnitud de los problemas e interactuar más con la EPS para minimizar las acciones de esta. Una línea de acción más activa con los entes de control será también necesaria para por lo menos dejar evidencias de la violación del derecho a la salud y exigir el cumplimiento de las leyes de salud por parte de las EPS.
