Una nota diplomática en la que Estados Unidos sugiere que podría incumplir su promesa de aportar fondos para financiar el posconflicto, a raíz de liberar la patente del Imatinib, propuesta por el ministro de Salud Alejandro Gavira, cambió el rumbo de una discusión que dejó de ser una decisión doméstica del sector salud para convertirse en un tema político de altas esferas internacionales.
El documento diplomático emitido por la Embajada de Estados Unidos al Ministerio de Salud, en el que advierte que Colombia podría perder el aporte que el presidente Barak Obama prometió para financiar el posconflicto, si persiste en su decisión de liberar la patente de la droga distribuida inicialmente por el laboratorio suizo Novartis, dejó en segundo plano al Ministro de Salud y obligó al presidente a poner el ojo en el tema que se metió en los terrenos del proceso de paz, máxima prioridad del mandatario nacional.
Durante la semana se realizó en Palacio de Nariño una reunión con el presidente Juan Manuel Santos quien convocó a la ministra de Industria y Comercio María Claudia Lacouture y al superintendente de Industria Comercio Pablo Felipe Robledo.
Aunque el Ministro de Salud insiste con la decisión de declarar pública la patente del medicamente, por el contenido político de la decisión no existe consenso en esta postura. La Ministra Lacouture y el Superintendente tienen serios reparos por las implicaciones legales y comerciales de la misma.
El Ministro Gaviria sostuvo que Colombia había propuesto la reducción de casi el 50 % del precio del medicamento, al público, ya que el precio disminuiría de 300 a 140 dólares por miligramo.
El jefe del Comité de Finanzas de Estados Unidos, Everert Eissestat, resaltó a través del comunicado que, “en caso de que Colombia continúe con esta patente, estaría violando los derechos de propiedad intelectual de la empresa Novartis, así como el Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos. Vemos con preocupación que este caso pueda crear un inconveniente en la aprobación de recursos de la iniciativa llamada Paz Colombia”.
Según el comunicado diplomático enviado al Ministerio de Salud, la industria farmacéutica de Estados Unidos y los grupos relacionados podrían llegar a ser muy vocales e interferir con otros intereses que pudiera tener Colombia en Estados Unidos.
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La información, dada a conocer en la emisión del lunes festivo de Noticas Uno indicó que Everert Eissestat, también subsecretario del Tesoro para América Latina y miembro de la bancada republicana en asuntos de comercio exterior, resaltó que, aunque Novartis no es una empresa norteamericana, cualquier gesto hacia ella podría ser interpretado como una amenaza para las farmacéuticas que sí están en su territorio.
Lea: “Comunicado de las organizaciones miembros del Comité de Veeduría y Cooperación en Salud (CVCS) con respecto al estado actual del proceso de Declaratoria de Interés Público con fines de licencia obligatoria del medicamento imatinib” http://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2016/04/Comunicado-CVCS-abril-2016.pdf
Imatinib es el ingrediente activo del Glivec de Novartis, el cual bloquea la señal que estimula la producción anormal de glóbulos blancos en enfermos de leucemia, pero ha sido pieza clave de discordia, pues el tratamiento completo de un solo paciente cuesta 60 millones de pesos y por su venta, entre 2008 y 2014, Novartis habría obtenido ingresos por 400 mil millones de pesos, razón por la cual las farmacéuticas se encuentran alineadas en contra de la posibilidad de que el Ministerio declare esta patente de interés público. Queda claro que el tema genera una dura controversia entre los temas que defienden, uno la sostenibilidad financiera del sector salud vs la financiación de la paz.
Las razones financieras por las que el Gobierno nacional estaría realmente interesado en declarar la licencia de interés público al Imatinib para de esta forma reducir costos, hablan por sí solas: 267.633 millones de pesos fueron los recobros del Imatinib entre los años 2008 y 2014 al Fosyga, y 122.646 millones de pesos las del Glivec en el mismo período de tiempo.
Si bien las motivaciones del Ministerio de Salud en cuanto a garantizar la estabilidad financiera del sector por cuanto el valor del medicamento puede ser superior frente a lo que se comercializar en otros países, en la región la decisión no deja de ser inoportuna toda vez que se introduce un nuevo ingrediente al tema de la paz asunto en que los colombianos estamos de acuerdo en que es el primer punto de la agenda gubernamental.
