El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo instó al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud a avocar en forma inmediata el conocimiento de las denuncias relacionadas con las omisiones e irregularidades en las que estarían incurriendo Empresas Sociales del Estado, clínicas, hospitales y centros médicos y a establecer mecanismos que posibiliten en forma urgente, algún tipo de giro directo de salarios, honorarios, prestaciones sociales o aportes a la seguridad social del personal de salud en todo el país.
En carta que dirigió al ministro de Salud, Fernando Ruíz Gómez y al Superintendete, Fabio Aristizábal Ángel, el Procurador, los conminó a “establecer mecanismos que posibiliten en forma urgente, algún tipo de giro directo de salarios, honorarios, prestaciones sociales o aportes a la seguridad social, bien sea con recursos de ADRES o del presupuesto general de la Nación, de forma tal que se garantice el bienestar de los profesionales de la salud en todo el país y a garantizar sus derechos laborales en los casos de irregular cancelación de contratos o de vacaciones forzadas”.
Explicó el jefe del Ministerio Público “Los recursos humanos son la base del sistema general de seguridad social en salud y su disponibilidad, accesibilidad y competencia, son factores esenciales para asegurar que podremos controlar la propagación del virus y salvar vidas. Los trabajadores de la salud de nuestro país han arrastrado por años, una gran carga de inequidades e injusticias derivadas del saqueo ininterrumpido de los recursos de la salud y en este momento, en el que más necesitamos de ellos, presenciamos atónitos, sus protestas porque no están recibiendo sus salarios; porque ellos mismos no tienen garantizada su seguridad social por falta de pago de sus aportes y a muchos más les cancelan sus contratos de prestación de servicios”.
Y aseguró que las quejas por la falta de salarios y prestaciones sociales al personal sanitario, se repiten a lo largo y ancho del país y “que es de conocimiento de las entidades de inspección, vigilancia y control, y no solamente es inaceptable desde el punto de vista de derechos fundamentales, sino que representa el mayor reto inmediato para el Ministerio de Salud y para la Superintendencia Nacional de Salud”.
También se insta a la habilitación de una línea gratuita nacional que permita la radicación de quejas individuales o colectivas, incluso de manera anónima. La consolidación de esta información permitirá encauzar las acciones resolutivas a cargo del Ministerio y la Superintendencia orientadas a conjurar los riesgos asociados a la idoneidad del talento humano, pilar fundamental del sistema de salud.
Y añade que “El avance implacable de la pandemia del COVID-19 en todo el mundo, nos ha permitido ver casi en directo, no solamente la tragedia humana sino la valentía y entrega de los profesionales de la salud salvando vidas, incluso a costa de las suyas propias”.
Y recuerda que “en esta inédita y grave coyuntura sanitaria, en la que la vida de los colombianos está en las manos de médicos, enfermeras, laboratoristas y auxiliares, resultaría apenas justo que una parte de los recursos que el Gobierno Nacional ha destinado a la atención de la emergencia, sean destinados al pago de una prima especial para todos los profesionales de la salud y de servicios generales que aún con los graves riesgos para su salud y su vida, laboran en los servicios de urgencia, unidades de cuidado intensivo, laboratorios, y áreas de hospitalización de instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas en todo el país. Tal como lo expresó una auxiliar de enfermería que labora en una clínica de Cartagena, “los héroes con hambre no trabajan”.
El requerimiento del procurador se da en virtud del sinnúmero de quejas que se han presentado en varios hospitales, e incluso clínicas privadas por parte de personal sanitario, no solo por el no pago de sus salarios, sino por la falta de elementos de bioprotección con que vienen trabajando en medio de la pandemia del Covid-19.
