Lo que pareciera ser una propuesta justa en materia pensional a través de un solo artículo, el 84 (antes 303), incorporado de manera sorpresiva en la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo, para Asofondos resulta todo un “orangután”.
“Esta es la típica iniciativa de Robin Hood al revés, en la que los más pobres y el grueso de colombianos terminarían sacrificados, pagando 50 billones de pesos en subsidios para pagar las pensiones de solo 170 mil personas de altos ingresos”, advirtió Santiago Montenegro, presidente de Asofondos tras analizar los efectos que tendría el artículo en cuestión.
Según estimaciones del gremio, el perfil de las personas a quienes principalmente impactaría la propuesta, es a un grupo de trabajadores con ingresos que oscilan entre 4 y 25 salarios mínimos, con estabilidad laboral, 1300 semanas cotizadas, en promedio, y edades superiores a los 53 años.
“En ese grupo se encuentran personas de altos ingresos, es decir, principalmente gente que no necesita que se les subsidien sus pensiones”, explicó Montenegro.
Este “mico”, agregó Montenegro, “va además en contravía de los principios de equidad que inspira este Plan Nacional de Desarrollo y que deben inspirar las políticas públicas”. Adicionalmente se espera que cerca de 36 mil personas que se trasladen y no alcanzarán a cumplir los requisitos para pensionarse en el RPM, por lo que la norma es una “trampa” para los trabajadores colombianos que tienen menor estabilidad laboral.
Plata para quienes más necesitan
Con esos 50 billones de pesos, que por cierto no cuentan con fuente de financiamiento, podrían sacarse de la pobreza, de manera vitalicia, a 1,7 millones de viejitos que hoy están desprotegidos. Recordemos que hoy el Programa Colombia Mayor no tiene cobertura universal en Sisbén 1 y 2, y el valor del subsidio es, en promedio 75 mil pesos, lo cual ni siquiera es la línea de pobreza extrema. Estos 50 billones, permitirían cerrar estas brechas y esta deuda social con la población más vulnerable.
El análisis de Asofondos también muestra que de ser aprobado este “mico”, se afectaría el ahorro en el país, se dispararía el gasto público (y de forma mal focalizada), y “de hecho, no aumentaría la cobertura pensional, que es uno de los principales objetivos de una buena reforma de protección a la vejez”, aseguró Montenegro.
El dirigente recordó que el ahorro privado que se ha construido en los últimos 25 años, a través de los fondos de pensiones que son propiedad de cerca de 16 millones de trabajadores, ya cuenta con recursos por 244 billones de pesos (150 billones de pesos son ganancias acumuladas gracias a la gestión de las AFP en favor de los afiliados), y que en este régimen es más fácil obtener una pensión; y que en caso de que el trabajador no cumpla con el capital requerido o 1.150 semanas cotizadas, tendrá una devolución de plata siete veces mayor que en la entidad pública, como se observó en 2018.
