Para su primer debate en el Senado de la República ha sido presentado el proyecto de ley por medio del cual se adoptan medidas en materia penal y administrativa en contra de la corrupción.
De acuerdo con el documento presentado por el ponente, senador German Varón Cotrino, en Colombia los hechos de corrupción relacionados con el Sistema de Salud no cesan de ocupar los titulares de la prensa y de generar indignación y preocupación entre la ciudadanía y la opinión pública. De allí que se haya constituido en una de las principales situaciones que deben intervenirse en la lucha contra la corrupción en Colombia.
Es necesario destacar que el proyecto incorpora agravantes cuando los delitos de peculado, prevaricato, cohecho y concusión, específicamente cuando estos afecten los recursos de salud y programas sociales de niñas, niños y adolescentes.
Como antecedentes de esta iniciativa encontramos que en su informe de 2011, la Asociación Europea contra el Fraude y la Corrupción en Salud (EHFCN, por sus siglas en inglés) calculó que en promedio entre 1997 y 2011 se perdieron 6.19% del gasto total en salud. La pérdida calculada contempla errores por manejos negligentes, pero también, y más importante, evidencia los fraudes a los sistemas de salud como la entrega fraudulenta de incapacidades médicas, fraudes en la previsión de servicios y suministros o en relación con el salario de los médicos, entre otros.
El gasto global total en salud para 2011 fue de USD $6.97 trillones, lo que significa que ese año se perdieron en promedio USD $487 millones de dólares.
El proyecto de reforma incluye varios aumentos de las normas que persiguen una mayor protección para los dineros que sostienen el sistema de seguridad social estipulan que:
- La pena de prisión se aumentará en dos terceras partes
- La sanción de inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos y la función pública se aumentará en la misma proporción, pero se aplicará una vez cumplida la pena principal. Es decir, una vez el condenado haya cumplido la pena de prisión impuesta quedará inhabilitado por el mismo tiempo de la pena aumentada en dos terceras partes.
- Finalmente, la multa deberá ascender al doble de los recursos del sistema de seguridad social que hayan sido afectados. El proyecto, además, contempla un incremento de la pena cuando se trate de conductas de falsedad que recaigan sobre documentos relacionados con el sistema de seguridad social y programas estatales de atención a niños, niñas y adolescentes. Este agravante pretende enfrentar a una desoladora realidad originada en los recientes hechos de corrupción y desvío de recursos que afectaron a la población infantil en varias zonas del territorio nacional, hechos que terminaron en su mayoría con el deceso de los menores por desnutrición y enfermedades asociadas a esa condición.
Además se contempla un incremento de la pena cuando se trate de conductas de falsedad que recaigan sobre documentos relacionados con el sistema de seguridad social y programas estatales de atención a niños, niñas y adolescentes.
En un informe publicado por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la infancia, la Adolescencia y la Familia dijo lo siguiente:
“Una vez los recursos llegan a la entidad territorial, es decir, son consignados en las cuentas de las ETC, se pierde el control sobre los mismos y no habría forma de verificar en terreno el uso que se le dio a los mismos, la forma como se contrataron a los operadores, los pagos que se hicieron por concepto de obligaciones laborales. El reporte que las ETC hacen en el CHIP y en el FUT no es susceptible de ser validado de manera sistemática por ningún mecanismo adicional idóneo en el terreno. Es en ese punto en el que se necesita apoyo técnico urgente. Es en esta etapa donde se requiere el fortalecimiento institucional a través de auditorías especializadas contratadas desde el MEN, que brinden información periódica sobre los hallazgos e irregularidades de los que se tenga noticia de manera permanente”.
Estas propuestas normativas buscan establecer penas equivalentes a los daños generados por estos delitos y así proteger de manera más efectiva los recursos sagrados para el erario, especialmente los destinados a nuestros niños y niñas, a la pensión y salud de los colombianos.
