*Este título pertenece a un libro de Ernesto Sábato, pero bien puede usarse para la reflexión en torno al riesgo que afronta en la actualidad el personal de salud de Colombia frente a la pandemia.
Bucaramanga.- Desde la llegada “formal” del SARS-CoV-2 (Covid–19) a Colombia, gobierno y medios de comunicación le han dado al personal de salud la categoría de héroes y bajo esta consigna, médicos, enfermeras y quienes laboran en clínicas, hospitales y demás centros de asistencia sanitaria, han tenido que trabajar a riesgo de exponer el pellejo y la integridad misma para contener con gasas y compresas, una pandemia que en el mundo reporta más de 117 mil decesos y está lejos de detenerse. Quizás la categoría de héroes sea un artificio para no hablar de problemas estructurales del sistema de salud en estos tiempos de crisis. Entonces es más sencillo hacer creer a los colombianos que los profesionales de la medicina y la enfermería deben inmolarse, que su destino supremo y magnífico es servir de ofrenda –Esto, en otras palabras lo menciona el decreto 538- y que, a cambio de aquel acto de estoicismo, su cuerpo inerte será distinguido con aplausos y honores.
No obstante, sin desconocer que en la mayoría del personal de salud hay un compromiso genuino de garantizar la atención de los pacientes, lo cierto es que hablar de actos heroicos es trivializar lo que a gritos y por años han develado usuarios y trabajadores del sector salud en Colombia: un sistema que, si bien ha garantizado cobertura a buena parte de la población, está plagado de burocracia administrativa, esperas eternas por tratamientos y citas, sin contar que las enormes deudas que tienen las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con la red pública hospitalaria han llevado al cierre de muchos hospitales y tienen a otro tanto en riesgo.
A esto se suma que, en la actualidad, el personal de salud trabaja sin los insumos y elementos de protección y bioseguridad necesarios para evitar el contagio y aunque el gobierno asegura que giró más de 2 billones de pesos para el sector salud, lo cierto es que hospitales como el San Juan de Dios de Floridablanca con nivel dos de complejidad y que ya tiene dos casos sospechosos en hospitalización por Covid-19 (ocho más que llegaron a consulta, pero hasta ahora son dudosos y se enviaron a sus hogares), se les adeudan miles de millones de pesos además de nóminas que como ya es costumbre se pagan con varios meses de atraso.
De acuerdo con Mary Flórez, enfermera del San Juan de Dios de Florida, a este centro asistencial se le adeudan en total 17 mil millones de pesos de los cuales 6 mil debería cancelar la Gobernación de Santander a nombre de la Secretaría de Salud departamental.
Señala que “nosotros facturamos dos mil millones de pesos mensuales y nos llegan 600 cuando el gasto de funcionamiento del hospital está por mil doscientos. Sí, producimos más de lo que gastamos, pero nunca vamos a estar al día porque si tenemos para pagar nómina, no tenemos para pagar suministros”.
Flórez menciona también que en promedio el personal de salud del Hospital gana 700 mil pesos, menos de un salario mínimo, sin derecho a prestaciones sociales, horas extras y pagos por recargos nocturnos y festivos, pues hacen parte del grueso número de trabajadores tercerizados, figura muy común en el área de la salud. Como si esto fuera poco, pertenecen a Integrasalud, sindicato que negoció dichas condiciones que distan mucho de cumplir el papel por el cual fueron creados: garantizar los derechos de los trabajadores.
Con un reporte de tres muertes de trabajadores de la salud, un sistema al borde del colapso que despide a sus “héroes” en medio de la crisis y no les garantiza los mínimos para ejercer su labor, aunado a una posible renuncia en masa de personal sanitario; el Gobierno central, según Mary Flórez ha mirado ajeno la demanda de acciones contundentes y, por el contrario, ha decidido invertir recursos en adecuar hoteles y estadios en caso tal que la emergencia se desborde. “En vez de invertir esos recursos en los hospitales para atender los coronavirus (SIC), no los posibles, sino los que ya hay. Eso es un absurdo: comprar las llantas y no tener el carro”, expresa Flórez.
En el caso particular del San Juan de Dios, que atiende pacientes de once municipios y la población venezolana (La atención de este grupo social ha aumentado de 70 a 280 los partos que se atienden mensualmente), además de personas víctimas de procesos de violencia y desarraigo, hay disponibilidad de sólo 12 camas para urgencias de adultos y seis pediátricas; no hay siquiera Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pues, además que su manejo se le entregó a un tercero, desde hace algo más de cinco años se encuentra cerrada. La unidad materno infantil de la que se ha dicho, será adaptada para atender posibles casos de COVID 19 aún no se encuentra en funcionamiento. “Nadie quiere coger la Unidad Materno Infantil porque quién se va a enfrentar a pacientes con coronavirus”.
Y aunque sustantivos como titanes o guerreros resuenan a diario, el pánico que se ha generado por el contagio con el coronavirus, ha llevado a que en muchos lugares miren de reojo o reciba malos tratos quien porte un traje de mayo o bata blanca. “Estamos siendo vulnerados por el pueblo; el pueblo nos trata mal. Donde yo voy a comprar la carne, me ven con el uniforme y es como si yo fuera un habitante de calle. Somos tratados, peor que un indigente y fuera de eso, el Estado en este momento no ha girado un solo peso de recursos a los hospitales”.
Del alcalde de Floridablanca, Miguel Moreno o a nombre de la administración municipal no han recibido noticias; “no se ha visto el alcalde. Él está en cuarentena; no ha llamado. A él no le importa la salud del municipio”.
También, relata que incluso funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga, que han sido asignados para entregar mercados, tienen mejor dotación que el personal del hospital de Floridablanca, pues ellos ni siquiera cuentan con tapabocas N95 que tienen un valor de 25 mil pesos (que puede ser el salario diario de un trabajador de la salud) y quienes los portan han tenido que comprarlos de su salario y reutilizarlos más de una vez.
“Se nos va a ir el sueldo. Fuera de eso, mis compañeros están pagando taxi de Piedecuesta al hospital de Florida. Cuando yo cojo el taxi me vengo de particular y digo que voy para MásXMenos, porque ya no nos quieren echar en los medios de transporte”, dice.
Añade que los escasos insumos con los que cuentan, se usan en exclusiva para casos confirmados de COVID 19, pero ¿Y dónde quedan aquellos pacientes que sin confirmar buscan atención por enfermedades respiratorias?
“El personal de urgencias está trabajando con el uniforme normal; en todos los hospitales. Entonces si a usted le dan cien trajes, que eso fue lo que nos dieron, y llegan ocho sospechosos y hoy con los dos sospechosos y hay que darle dos horas cada medicamento, póngale que, en 24 horas entre ocho veces al cuarto, son ocho trajes; dos pacientes son 16 trajes, que se acaban en seis días”. Añade que cuando les entregan la mascarilla –que no es la N95–, les hacen firmar registro de recibido y ésta debe tener una durabilidad de siete días, es decir que las reutilizan.
Mary Flórez envió desde hace dos años, en octubre 29, una carta al presidente Duque en la cual anticipaba la situación actual por cuanto el sistema de salud era inviable para atender las enfermedades que se manifiestan en la población colombiana y le instaba a que obligara a los entes de control a investigar las irregularidades que se presentan en el sistema de salud colombiano y así mismo, que era su deber garantizar el derecho a la salud en condiciones dignas con suficiencia de insumos y recursos. No obstante, la respuesta a esta misiva, jamás llegó.
