El aborto volvió a estar en el centro de atención en el país, luego de que se conociera que la Corte Constitucional estudia la posibilidad de declararlo legal bajo cualquier circunstancia, ampliando así la jurisprudencia dada por la misma Corte en el 2006, que permite el aborto legal bajo tres condiciones: cuando es producto del abuso sexual, cuando corre peligro la salud de la mujer y cuando hay riesgo para la vida del feto por malformaciones.
La polémica se agudizó tras el par de demandas que ante ese alto tribunal interpuso la abogada Natalia Bernal, pidiendo medidas cautelares para que se suspenda la interrupción voluntaria el embarazo, en todas sus modalidades, argumentando las secuelas sicológicas que provoca en las mujeres esta práctica.
En su solicitud de medidas cautelares, la abogada pidió a la Corte que revisen los 15 estudios científicos y más de 25 testimonios de profesionales en medicina que acompañan su tesis, aportando declaraciones y videos de personas que sobrevivieron a la práctica del aborto, pero además de mujeres que según afirma, tienen daños psicológicos por los procedimientos, incluso debido a aquellos que se practicaron de forma legal.
No obstante, en la otra orilla, hay quienes desdicen de sus argumentos y le restan confiabilidad y rigurosidad.
Las barreras
Desde que fue despenalizado, los últimos 13 años, unas 1.200 mujeres han reportado barreras para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), según el informe de la Mesa Nacional por la Vida y Salud de las Mujeres. Juliana Martínez, integrante de este colectivo feminista, habló sobre dichas barreras.
“Me negaron el servicio en la EPS; el médico que me atendió se declaró objetor de conciencia en la consulta. Cuando pregunté al personal asistencial me dijeron que el aborto no era un derecho en el país; pude acceder al procedimiento pero no me dieron medicamento para el dolor: las barreras son diversas y van en toda la ruta de atención”, explicó.
Para la Mesa las barreras o negaciones presentadas “conducen al desistimiento, porque lo que hacen es desestimular la pretensión que tienen las mujeres. Porque comienzan a decir que esto es muy tedioso, estoy viendo maltrato, no lo voy a lograr finalmente; entonces ahí se produce el desistimiento”.
Mientras que Catalina Calderón, representante de Women’s Equality Center para Latinoamérica y el Caribe, organización que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, indicó que parte de la problemática radica que en que al día de hoy el Estado colombiano aún no ha cumplido con la orden de la corte de reglamentar ni generar una ruta clara para que las mujeres en los casos previstos por la Corte Constitucional puedan acceder a un aborto.
Solicitan información a la Fiscalía
Mientras, el magistrado Alejandro Linares quien dio a conocer la intención de la Corte, ha solicitado información oficial a la Fiscalía General de la Nación sobre la cantidad de mujeres procesadas y condenadas por abortar en Colombia; así como conceptos sobre si el Código Penal actual al respecto es obsoleto o no.
Dado que en Colombia el aborto sigue siendo un delito, exceptuando las tres condiciones mencionadas, Linares pretende establecer cuántas mujeres han sido condenadas a la fecha por ese delito (artículo 122 del Código Penal); cuántas están actualmente tras las rejas y cuántas procesadas.
De esta manera busca sustentar su ponencia donde planteará que el aborto sea despenalizado por completo en las 12 primeras semanas de gestación, a fin de que las mujeres puedan practicarse el procedimiento de manera segura, sin ninguna barrera administrativa y sin tener que alegar alguna causal.
El cuestionario del Magistrado además indaga sobre cuántas personas están procesadas por este delito, que no sean las mismas mujeres que abortaron, quiénes fueron las personas que las denunciaron, en qué semanas de gestación estaban al momento de practicárselo, y cuáles Cuáles son las razones de política criminal que justifican el tipo penal de aborto previsto en el artículo 122 del Código Penal, entre otros interrogantes.
Como la Fiscalía tiene plazo para responder máximo hasta el 31 de enero, habrá que esperar hasta febrero para conocer finalmente lo que conceptuará la Corte Constitucional en ese sentido.
