Informe Nacional de Competitividad 2018-2019- Salud. Recomendaciones para la sostenibilidad financiera del sector.
En concepto del Consejo Privado de Competitividad, la implementación de la Ley Estatutaria de Salud no ha implicado cambios sustanciales en la manera en que opera el sistema de salud, puesto que sigue existiendo un plan de beneficios básico que funciona como el Plan Obligatorio de Salud POS, vigente antes de la Ley, y el resto de los procedimientos y medicamentos, que equivalen a los anteriores recobros no POS, deben surtir una serie de acciones para ser aprobados en MIPRES.
El rubro correspondiente a los procedimientos y tecnologías no financiados con la unidad de pago por capitación, ha crecido exponencialmente en los últimos años y se mantiene en niveles muy altos a pesar de la adopción de instrumentos de control de las prescripciones.
Una porción importante de los hospitales y centros de salud públicos, conocidos como empresas sociales del Estado, viene enfrentando una situación financiera precaria como consecuencia de prácticas inapropiadas en las compras públicas, retrasos en los pagos por parte de las EPS y fallas en la supervisión del sistema.
En respuesta a la situación de insostenibilidad financiera, el Gobierno adoptó medidas de saneamiento, en particular a través del Decreto 2702 de 2014, que unificó condiciones de solvencia para las EPS como respaldo para cubrir las obligaciones derivadas de la prestación de servicios de salud. A pesar de esto, todavía el 40 % de los hospitales y centros de salud públicos presenta algún tipo de riesgo financiero.
Para robustecer las fuentes de financiación del sistema de salud, ante el amplio paquete de tecnologías y medicamentos que debe cubrir el sistema de salud luego de que la Ley Estatutaria definiera la salud como un derecho fundamental, uno de los principales retos que debe enfrentar el sistema colombiano es garantizar suficiente financiación. En este escenario, el Consejo Privado de Competitividad le propone al Gobierno nacional una seria de acciones, la primera de ellas es, desligar la financiación del sistema de salud de los ingresos laborales, ya que los elevados niveles de informalidad hacen que la proporción de población que contribuye a través de su salario sea limitada.
Por otro lado, el gobierno debe considerar nuevas fuentes de financiación, en particular, a través de la introducción de impuestos a alimentos y bebidas no saludables. Este tipo de impuestos permiten que solo paguen aquellas personas que incurren en comportamientos no saludables y que potencialmente demandan más del sistema de salud. En el caso del tabaco y el alcohol, la introducción de impuestos ha demostrado ser una medida de política costo-efectiva.
El sistema de salud enfrenta presiones de gasto provenientes de las nuevas tecnologías médicas que tienen precios elevados, la incorporación de estas tecnologías por la vía de las tutelas produjo un crecimiento acelerado e insostenible del gasto en salud. Para abordar este reto, el Consejo Privado de Competitividad recomienda evaluar de manera periódica la relación costo-efectividad de las tecnologías, de modo que se puedan priorizar aquellas tecnologías que ofrecen mayor efectividad terapéutica a un menor costo.
Por otro lado, se bebe desarrollar una agenda de control de precios que permita balancear los costos del sistema y los incentivos a la innovación y la inversión farmacéutica.
La política de regulación de precios que ha adoptado el Gobierno nacional ha conseguido una reducción promedio de 41,7 % en los precios de los productos regulados desde su implementación hasta la actualidad. Si bien es importante conseguir moderaciones en los precios, es fundamental que estas medidas se enmarquen en una política ordenada de precios de medicamentos, que incluya consideraciones de protección a la propiedad industrial.
También es importante reducir las instancias que intervienen en el traslado de recursos públicos a las IPS, el flujo de recursos del sistema de salud colombiano es muy complejo e intervienen numerosos actores, lo cual configura una situación que favorece la captura de recursos por parte de grupos de interés y limita la transparencia. Por esta razón, el Consejo Privado de Competitividad considera fundamental reducir el número de instancias que intervienen en el traslado de recursos públicos a las IPS.
Medidas como el giro directo del Gobierno nacional a las IPS, sin que tengan que pasar por las entidades territoriales, han facilitado el traslado de recursos públicos, pero aún se requiere avanzar en esta simplificación.
Además de mejorar la transparencia, simplificar el flujo de recursos permitiría agilizar los pagos de las EPS a las IPS, contribuyendo a mejorar la situación financiera que enfrentan por cuenta de las excesivas demoras y complejidad de los trámites.
