En un fallo de la Sección Tercera del tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró administrativa y solidariamente responsable a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y a la EPS Capital Salud, exhortar al Ministerio de Salud que imparta una directriz a todas las empresas e instituciones prestadoras del servicio de salud, hospitales, cajas de compensación y clínicas del país, encaminada a fortalecer la práctica de la obtención adecuada del consentimiento informado de los pacientes.
Los hechos que dieron origen a la decisión judicial, se remontan al 28 de diciembre de 2010, cuando la señora Laura Marcela Reyes Beltrán ingresó al servicio de consulta externa del Hospital Pablo VI de Bosa por presentar sintomatología gástrica, refiriendo antecedentes familiares de cáncer, en el examen físico la paciente registró abdomen blando; ante la recurrencia de los síntomas le fue ordenada una endoscopia de vías digestivas; examen realizado por el Hospital del Tunal en donde le diagnosticaron cáncer gástrico avanzado siendo hospitalizada en dicha institución para manejo clínico.
El 16 de mayo de 2011, se le realizó procedimiento quirúrgico de gastrectomía total por la patología de cáncer gástrico, sin contar con el consentimiento informado de la paciente. El 4 de noviembre de 2011 la paciente falleció.
Los altos tribunal de lo contencioso administrativo han señalado que las intervenciones o procedimientos realizados sin consentimiento informado constituyen una falla del servicio que genera un daño consistente en la vulneración del derecho a decidir del paciente, por lo que surge responsabilidad extracontractual en cabeza de la entidad que prestó el servicio médico.
La paciente fue sometida a una cirugía consistente en gastrectomía total hepatectomía, tal como se desprende de la historia clínica del Hospital el Tunal, sin que existan pruebas del consentimiento informado; aun cuando en los soportes documentales de la atención repose un documento titulado “hoja de consentimiento informado para intervenciones quirúrgicas y procedimiento”, lo que haría pensar que se dio el consentimiento de no ser porque observa el tribunal, que el mismo no está completo, pues no se indica el nombre del médico que informó a la paciente del procedimiento, y el nombre sobre cual procedimiento se otorgó el consentimiento, ni siquiera está suscrito por el médico. El diligenciamiento incompleto del consentimiento informado conlleva a concluir al tribunal, que no se otorgó.
El Tribunal precisa, que las secuelas de la intervención no consentida fueron consecuencia del devenir propio de la enfermedad, por lo que resultaría desatinado atribuir el nefasto desenlace de la paciente al Hospital El Tunal, quien finalmente, dado el diagnóstico de cáncer de estómago, procedió, de buena fe, en mejorar la salud de la paciente. Si bien el consentimiento informado se constituye en una obligación para el personal médico, en este caso no se puede señalar que la ausencia del consentimiento derivo en el daño alegado en esta demanda.
Para el Tribunal Administrativo, al Hospital el Tunal se le imputa responsabilidad porque realizó el procedimiento quirúrgico de gastrectomía total sin el consentimiento informado de la paciente y porque no se realizó a tiempo el tratamiento de la patología.
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y a la EPS Capital Salud fueron condenadas a pagar solidariamente 115 millones de pesos a los familiares de la paciente a título de lucro cesante y daño moral.
Otras de las determinaciones del tribunal, consiste en ordenar al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud para que establezcan un link en sus páginas web, con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de dicha providencia, y mantendrán el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de 6 meses
