El Juzgado 26 laboral del Circuito de Bogotá tuteló los derechos del senador Jorge Enrique Robledo, del partido Dignidad y le dio tres días al ministro de Salud, Fernando Ruíz, para que de respuestas al Senador sobre los interrogantes relacionados con el Plan Nacional de Vaunación.
Ruíz se habría negado a responderle a Robledo el derecho de petición, presentado el pasado 28 de diciembre, para acceder a la información relacionada con las negociaciones para adquirir las vacunas contra el Covid-19.
El fallo ordena a Ruiz entregar respuesta a Robledo sobre la petición en la que se solicitan los contratos firmados con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca, informar el pago en dólares que se realizó y los conceptos que implican asociados a este valor.
“En lo que respecta al derecho de petición que en esta oportunidad ocupa la atención de este despacho, no se evidencia solución definitiva o de fondo, ni información acerca del trámite impartido a la misma. Ello implica concluir la transgresión al derecho fundamental de petición del ciudadano Jorge Enrique Robledo Castillo, razones suficientes para dar vía libre a la tutela de ese bien jurídico por parte de esta juzgadora de instancia, ordenando que se profiera y haga saber al actor la respuesta clara, concreta y de fondo a su pedimento, en el término que ha de otorgarse”, señaló el Juzgado.
Esta no es la única acción presentada por el senador Robledo para acceder a la información sobre la vacunación. Junto al derecho de petición y la tutela, el senador también convocó con otros senadores a una Audiencia Pública en la Comisión Quinta que se llevará a cabo hoy, desde las 9 de la mañana, en la que distintas voces (gubernamentales, académicas, del sector salud y de la sociedad civil) presentarán sus opiniones y consideraciones sobre el plan de vacunación.
El pasado 18 de diciembre Robledo anunció que durante el receso legislativo convocaría a debate de control político al gobierno del presidente Iván Duque y a su Ministro de Salud ya que se “debe proteger que este plan, tan necesario, no le salga mal al país”.
El Gobierno había argumentado que no suministraba información sobre las supuestas negociaciones de las vacunas, por cuestiones de confidencialidad, lo cual ha sido criticado por distintos sectores, toda vez que en otros países donde ya la población está siendo vacunada, han sido públicos los contratos y precios de compras de los inhmunológicos.
Así mismo la Corte Suprema de Justicia le advirtió al Gobierno que los ciudadanos tienen todo el derecho de acudir a la tutela si consideran que se les vulneran sus derechos por la manera como está prevista la aplicación de las vacunas contra el COVID-19.
El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa fue enfático: los ciudadanos tienen todo el derecho de acudir a la tutela si consideran que están vulnerándoseles sus derechos por la manera como el Gobierno tiene prevista la aplicación de las vacunas contra el COVID-19.
