Al instalar el Encuentro Territorial: situación carcelaria y derecho a la salud en Antioquia, el procurador Fernando Carrillo Flòrez, informó que abrió indagación contra 28 alcaldes por presunta falta de diligencia y efectividad para la toma de medidas de orden presupuestal, de planeación y administrativo, para proteger los derechos de la población carcelaria; no respuesta a requerimientos del Ministerio Público y desatención de mandatos de la Corte Constitucional.
El Encuentro, convocado por la Corte Constitucional y la Procurduría General de la Nación se desarrolló en la Universidad Eafit de Medellín y abordó las condiciones de hacinamiento, los problemas de alimentación y atención en salud de los reclusos.
“El reto hoy del constitucionalismo está en la eficacia de los derechos. La Corte Constitucional en el año 1998 habló, por primera vez, del estado de cosas inconstitucional del hacinamiento carcelario. Antioquia nos preocupa, presenta una gran cantidad de afectación de derechos de las 13.836 personas detenidas. El incremento de las acciones de tutela en materia de afectación de derechos de personas privadas de la libertad nos inquieta”, señaló Gloria Stella Ortiz Delgado, presidenta de la Corte Constitucional.
Las condiciones de hacinamiento, los problemas de alimentación y atención en salud, además de la infraestructura carcelaria y la situación jurídica sin resolver de muchos de los sindicados, son algunas de las principales problemáticas identificadas por el ministerio público y los comités de derechos humanos, condiciones que confirman los organismos nacionales en sus visitas periódicas a los centros penitenciarios.
En el caso de Antioquia, las actuales condiciones de hacinamiento han generado problemas de convivencia y salubridad dentro de los centros de reclusión, situación que es comunicada por organismos como la Personaría de Medellín y defensores de derechos humanos. Según reportes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en Antioquia durante el año 2018, murieron 15 reclusos en condiciones intramurales por falencias en la atención de salud.
“Hay que superar la discusión que se plantea siempre de que no hay recursos, porque esta es una obligación planteada desde el año 1993 a los entes territoriales de cara a los sindicados. Esto no es un invento caprichoso ni una idea de desconcentración abusiva frente a los territorios. Es decir, el arraigo familiar y territorial tiene un sentido fundamental para poder sacar adelante nuestro modelo penal y penitenciario de resocialización”, dijo Carlos Medina, procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos.
El procurador afirmó que “En el caso de los alcaldes la negligencia ha sido extrema y por eso la presidenta de la Corte nos exigía más acciones y por supuesto que vamos acoger ese llamado y de hecho estamos iniciando una indagación contra 28 alcaldes del país, en 28 departamentos donde pocas acciones se han presentado. Muchos alcaldes ni siquiera se han dignado responder las solicitudes de la Procuraduría, con la responsabilidad que tienen a nivel de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para tomar cartas en el asunto”.
El derecho a la salud
Luis Adolfo Diazgranados, procurador delegado para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente afirmó que “El difícil acceso a los servicios de salud, inconvenientes en la administración de los recursos, infraestructura y medicamentos, son asuntos prioritarios para garantizar un excelente servicio”. Y añadió que “La financiación del sistema de salud, la corrupción y la poca participación ciudadana, son aspectos que deterioran el sector”.
A su turno el Juez 10 Civil Municipal de Medellin, José Mauricio Espinosa Gómez, indicó que en lo que va corrido del año ha recibido 94 acciones de tutela, de las cuales 32 son relacionadas con el derecho a la salud.
La propia presidenta de la Corte Constitucional magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, recordó que “129.364 tutelas se interpusieron en 2018 como consecuencia de la afectación de derechos, es decir que el 21.3% del total de tutelas a nivel nacional correspondió a la afectación del derecho a la salud en Antioquia”.
Alberto Aristizábal, de la dirección seccional de Protección Social y Salud del departamento de Antioquia a su vez ratificó que “El comportamiento de las acciones de tutela ha sido creciente desde el año 1999…Hoy si se refleja un problema de acceso muy serio por derecho a la salud”.
Diana Patricia Guerra, Personería de Medellín indicó que “Dentro de las barreras de acceso a servicios de salud tenemos las cirugías, las ayudas diagnósticas, tratamientos de quimio y radio terapia y medicamentos, porque así estén incluidos en los planes básicos de salud no se entregan”.
Mientras que Luis Alberto Martínez, vocero Mesa de Salud de Antioquia reveló que “Los servicios que no son rentables se van cerrando y van aumentando los que sí lo son. Tenemos es un sistema orientado a la mercantilización de los servicios y no al cuidado integral y garantía del derecho a la salud”.
Al finalizar el evento la Corte Constitucional recordó que “El derecho a la salud no sería lo que es hoy si no fuera por el trabajo de la Corte…Si bien no se han alcanzado todas las metas se observan avances en las condiciones de prestación de los servicios a los colombianos”
