Pese a que desde el año 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) por primera vez, y ante las evidencias manifiestas, incorporó al glifosato al listado de plaguicidas considerados “probable cancerígeno humano, esta semana el gobierno colombiano decidió dar nuevamente vía libre a la uitlización de este herbicida para la fumigación de cultivos ilícitos.
Su uso había sido suspendido por el gobierno de Juan Manuel Santos acatando las recomendaciones de la OMS que determinó que “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)” y por otra parte el herbicida “también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas”.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) es un ámbito especializado de la Organizaciones Mundial de la Salud (OMS). Luego de un año de trabajo de 17 expertos de once países, el 20 de marzo del 2015 emitió un documento inédito: “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”. Detalla que la evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde 2001. Y destaca que el herbicida “también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas” (situación que tiene relación directa con el cáncer).
De hecho solo en Estados Unidos, la firma Bayer, cuya filial es Monsanto que comercializa el producto glifosato, lleva más de 10 mil demandas contra el pesticida.
Pese a todo esto, la presidencia de Iván Duque presentó el borrador del decreto medianmte el cual retoma las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato.
Margarita Cabello, ministra de Justicia afirmó que “la radicación del decreto se hizo para comentarios de la ciudadanía” y que “la publicación para comentarios del decreto no implica una reactivación automática de las actividades de aspersión”.De acuerdo con el ministerio, el propósito es “crear un marco normativo especial, independiente y autónomo sobre el control de riesgo para la salud y el medio ambiente, en el marco de la disposición de la destrucción de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea”. El Minjusticia aclaró que las personas podrán realizar comentarios al decreto por un periodo de 30 días.
Así las cosas, en el decreto, el Gobierno formuló la ruta que se tendrá para mitigar el efecto de la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito en la salud y el medio ambiente. Entre otras indicaciones, el decreto señala que el seguimiento de los efectos ambientales será responsabilidad de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mientras que el Instituto Nacional de Salud (INS) responderá por los temas relacionados en salud.
La ANLA y el INS “deberán, en el marco de sus competencias, realizar una revisión de dichos impactos o riesgos y enviar el correspondiente informe al Consejo Nacional de Estupefacientes para que este revise su decisión y se pronuncie, de forma motivada, si mantiene, modifica o suspende el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea”.
En 2017, la Corte Constitucional ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes “no reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato”, salvo que haya diseñado y puesto en marcha un plan de regulación que, entre otras características, se derive de una evaluación del riesgo para la salud y el medio ambiente, en el marco de un proceso participativo que incluya a la ciudadanía.
Pero, desde el principio de su gobierno, el presidente Iván Duque insistió en la necesidad de que se retomara la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito con químicos como el glifosato. Por eso, en 2018 solicitó a la Corte Constitucional que modulara la sentencia para que pudiera usarse el glifosato en casos excepcionales. El alto tribunal, en marzo, realizó una audiencia pública para revisar la petición de Duque. Luego de esta, el alto tribunal mantuvo la restricción.
