La pandemia mundial del COVID-19 ha sido un reto para todos los sistemas de salud a nivel mundial dada su rápida y silenciosa expansión. Claramente quienes han puesto el pecho han sido primordialmente los hospitales y sus médicos en los servicios de urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo (UCI).
También, diría que gran parte de las unidades de atención primaria en salud han sido protagonistas en este inmenso desafío al igual que aquellas instituciones dedicadas a realizar atenciones domiciliarias, la mayoría también de nivel primario.
Así pues, muchos médicos que trabajan en hospitales, urgencias y en atención primaria se encuentran actualmente copados de trabajo y a todos ellos, creo que como nación les decimos al unísono, gracias.
Del otro lado, estamos quienes trabajamos en IPS ambulatorias, algunas especializadas o no, que por prestar servicios médicos ambulatorios y programados (muchas veces no prioritarios), hemos decidido postergar la mayoría de nuestras atenciones de consulta, procedimientos y cirugías programadas para después del aislamiento obligatorio.
Estas decisiones de posponer nuestros servicios, acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias, de las sociedades científicas y de guías y artículos académicos, sin duda han generado un impacto importante en el funcionamiento de estas Instituciones, y creo que este es un tema que vale la pena considerar.
Podríamos decir que desde el decreto de aislamiento obligatorio, muchos de los profesionales independientes que tienen su consultorio privado y varias IPS dedicadas a la atención de consultas, procedimientos y cirugías programadas han sido cerradas o disminuidas en su operación por lo menos en un 70%, salvo atenciones urgentes o prioritarias.
De ninguna manera estoy criticando esta situación, pues ante las circunstancias actuales, es la única alternativa responsable con los pacientes y el personal sanitario. Sin embargo, creo que se deben considerar algunos aspectos para que los impactos de su cierre temporal no vayan más allá de los niveles deseables.
No es secreto que la gran mayoría de profesionales independientes y especialistas devengan sus ingresos mediante la modalidad del pago por evento, y que muchas de las IPS hacen lo mismo.
Cerrar temporalmente sus atenciones implica un reto económico para muchos de estos doctores y empresas, pues sus ingresos, con alta probabilidad y mientras no alteren su funcionamiento, se acercarán inevitablemente a cero.
Y por otra parte, en términos de la salud de la población, esto hará que muchas de las atenciones pendientes se vayan represando, y que al término de esta desconcertante situación haya una demanda mucho mayor de los servicios ambulatorios que pueda desbordar la capacidad existente en la actualidad.
Esto sin mencionar que un paciente que puede ser tratado ambulatoriamente, cuando se descuida, puede derivar en los servicios de urgencias sin que necesariamente deba hacerlo.
En estos momentos, que eso ocurriera sería un despropósito, toda vez que en términos de salud pública se está buscando exactamente lo contrario: descongestionar los hospitales y sus servicios de urgencias. Por esta razón, mediante esta columna, quiero invitar a los gerentes de las IPS ambulatorias y a los tomadores de decisión en las aseguradoras a que prontamente lleguemos a consensos sobre un mecanismo de alivio a estas presiones que he mencionado en este texto.
Considero, por ejemplo, que ha llegado a la fuerza el momento de aplicar la Resolución 2654 de 2019 que habla sobre Telemedicina y sus categorías de Telesalud y Teleorientación para la atención remota de pacientes ambulatorios.
Así mismo, considero que es un momento pertinente para que, en un esfuerzo mancomunado entre hospitales y centros médicos ambulatorios, se llegue a consensos sobre la “des-hospitalización” de las atenciones que definitivamente no requieren asistir al ámbito hospitalario. No se desanimen, tenemos mucho en qué trabajar.
