Los abusos, la cartelización y la politiquería son los causantes del drama que hoy sufre el sector salud, dijo el superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal, durante el debate de las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes, donde se sigue el trámite del proyecto de ley que busca darle más dientes a la Superintendencia.
Durante su intervención donde volvió a pedir a los congresistas su apoyo para sacar adelante la iniciativa legislativa, insistió en que “la oportunidad en los servicios y la calidad no dan espera”.
Como lo ha manifestado en varias ocasiones, Aristizábal mantiene su propuesta de acabar con los Planes de gestión integral del riesgo que exige la Supersalud a las ESE, pues en su opinión de nada han servido, pues ahí hay hoy en día 400 hospitales y la mayoría llevan ahí hasta 4 años, sin mayores mejorías en sus desempeños.
Al solicitar el acompañamiento a los congresistas afirmó que con esta ley esperan hacer que los responsables del desangre a la salud paguen con su propios recursos. “Es necesario que tengamos sanciones ejemplarizantes”, comentó.
“Hoy no tenemos las herramientas necesarias para sancionar como corresponde, somos la superintendencia con menos perfil y no puede ser que se sigan perdiendo los recursos del sistema de salud”, agregó.
Con este proyecto de ley la Supersalud aspira tener facultades para remover a gerentes de hospitales que no administran bien los recursos y sancionarlos, al igual que a los revisores fiscales, hasta por 15 años.
Acesi pide que Supersalud tenga facultad para castigar a EPS que no paguen
En el debate también intervino la directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales (Acesi), Olga Lucía Zuluaga, quien también pidió que se endurezcan las sanciones por incumplimiento en el flujo de recursos.
“Es importante incluir en el proyecto de la Supersalud como parte de la función jurisdiccional, la posibilidad de dirimir el no cumplimiento entre el acuerdo de voluntades entre EPS e IPS, así como la no liquidación oportuna de contratos”, anotó Olga Lucía Velásquez.
Y pidió que de manera urgente se incluya en el proyecto dentro de los motivos de sanción a las EPS, la no recepción de cuentas o colocación de barreras por parte de estas entidades a clínicas y hospitales, como las glosas injustificadas.
“Las mesas de conciliación entre EPS e IPS y los pagos, deben tener carácter obligatorio y ser sancionado su incumplimiento por parte de las EPS”, expresó Zuluaga.
Cabe recordar que hospitales y clínicas siempre han estado en desventaja frente a la posición dominante de las EPS, a la hora de cobrar por los servicios prestados de atención médica a los afiliados, y por los arreglos contractuales y tarifarios, al punto que el tema se volvió eje central de la discusión de la problemática del sistema de salud en el país.
