La Procuraduría General de la Nación, en conjunto con la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación radicaron hoy en el Congreso un proyecto de ley cuyo propósito es penalizar e imponer sanciones disciplinarias y acciones fiscales a quienes nieguen la prestación de servicios de salud.
Según explicó el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, esta iniciativa de los entes de control obedece a la necesidad de reglamentar Ley Estatutaria de Salud, ante la continua vulneración del derecho fundamental de los usuarios.
“Este proyecto lo que hace es desarrollar, desde el punto de vista de la reglamentación, la Ley Estatutaria de Salud, una ley que ha sido rey de burlas, que ha sido incumplida y que en su artículo 14 prevé que existan sanciones penales y disciplinarias para quienes no cumplan con ese deber de prestar el servicio de salud” señaló el Procurador.
En cuanto a las sanciones, Carrillo indicó que el proyecto pretende penalizar la negación, omisión u obstaculización en la atención en los servicios de urgencias, en lo que popularmente se conoce como el “paseo de la muerte”. Quienes incurran en esta conducta estarán expuestos a penas de prisión de 48 a 96 meses.
Para el caso de quienes nieguen o retrasen servicios de salud que están incluidos en el Plan de Beneficios, a través de trámites burocráticos o administrativos, las penas irán de 32 a 72 meses. También se constituirán como faltas disciplinables el no acatamiento de las tutelas.
Así mismo, el proyecto reconoce como sujetos de especial protección constitucional a niños, adolescentes, mujeres en estado de embarazo, pacientes con enfermedades huérfanas, población en condición de desplazamiento, víctimas de la violencia y población adulta mayor, lo que hace que las conductas de negación, omisión u obstaculización contra estas poblaciones sean calificadas como gravísimas por lo que las sanciones disciplinarias serán más drásticas.
“El propósito de todo esto es darle dientes a la Ley Estatutaria, una ley que se quedó en el tiempo y que la siguen incumpliendo irresponsablemente algunas de las instituciones prestadoras de servicios de salud de este país” afirmó.
De acuerdo con la cifras entregadas por el funcionario, fueron más de 200 mil tutelas que los ciudadanos interpusieron durante 2017 para poder acceder a los servicios, de las cuales 80% corresponden a servicios incluidos en el Plan de Beneficios. A ello se suman las decenas de miles de quejas que recibió la Superintendencia de Salud por las barreras en la prestación.
A su turno el contralor general, Edgardo Maya Villazón, afirmó que esta iniciativa eleva a la condición de delito y criminaliza la conducta de los prestadores de servicios de salud que impongan barreras de acceso a los usuarios, además de la sanciones a las que se hacen acreedores por el daño fiscal que pueden causar debido al manejo inadecuado de recursos públicos.
Pacientes reciben con esperanza proyecto de ley
A través de un comunicado, la Organización Defensa del Paciente manifestó su apoyo a la iniciativa legislativa presentada por los organismos de control.
“Los pacientes recibimos con satisfacción y esperanza el proyecto de ley que ha anunciado el señor Procurador. Ya era hora de que alguna Entidad del Estado ejerciera una posición que ponga fin a la desatención y las demoras en la prestación de los servicios de salud, especialmente los servicios de urgencias” señaló Francisco Castellanos, director de dicha organización.
“Para nadie es un secreto que muchos prestadores, promotores y sus agentes implementan prácticas para demorar o negar servicios y entregar tratamientos a los pacientes. Las Entidades del Estado deben velar por la efectiva realización de los derechos de los usuarios del sistema e impulsar el desarrollo pleno de la ley Estatutaria de Salud, añadió el vocero quien recordó que: “Si quienes prestan los servicios los hacen de manera humanizada y con apego a la ley tanto en oportunidad, calidad y continuidad no deberían verse expuestos a recibir sanción alguna.”
