De acuerdo con la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (conformada por: Ministros de Salud y Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo, y una delegada del Presidente de la República.) es la encargada en Colombia de fijar un precio máximo de venta a los medicamentos. No obstante, luego de investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se comprobó que la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia había incrementado el valor de algunas medicinas.
Las informaciones de la SIC dan cuenta que entre mayo de 2015 y 2016 la mencionada IPS, ofertó diez fármacos a precios mucho más altos que el precio fijado por la Comisión y en concordancia con la circular 06 de 2013 y en la Resolución 718 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social.
La IPS Universitaria vendía el medicamento Kaletra por 200 miligramos y en caja de 120 cápsulas a $21.916 cada cápsula, cuando el precio fijado por la Comisión es de $900 la unidad, o dicho de otro modo: el costo se elevaba a 2.300 % más de lo que se ha fijado para la comercialización de dicho antirretroviral usado para el tratamiento del VIH.
Además vendía a precios altos, medicinas para el tratamiento de algunos tipos de cáncer, dolores severos en cuello, para la artritis, párkinson, drogas para el trasplante de órganos, esquizofrenia y trastorno bipolar y la esclerosis múltiple
Luego de realizar la investigación y comprobar que la IPS Universitaria de Antioquia incumplía lo fijado por el régimen de control directo que regula 8.600 medicamentos en el país, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de 589 millones de pesos a la entidad.
La respuesta de la IPS Universitaria
A través de un comunicado, la IPS Universitaria señaló que apelará la decisión de la Superindustria e interpondrá los recursos de ley. La entidad adjudicó a un error involuntario el hecho de que 10 de las 1.057 presentaciones de medicamentos regulados actualmente no fueran actualizadas tarifariamente en el año 2015 y 2016, cuando
entró en vigencia la Resolución 718 de 2015.
Así mismo aseguró que: “Una vez identificado el error se subsanó emitiendo las respectivas notas crédito a las Entidades Responsables de Pago, como fue evidenciado el 3 de noviembre de 2016, cuando se dio respuesta al requerimiento realizado en la visita de verificación de la Superintendencia de Industria y Comercio realizada el 20 y 21 de octubre de 2016 (…)” y negó haber recibido lucro alguno fuera de lo establecido de la ley.
