Mediante la resolución 00089 del 16 de enero el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó la Política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, contemplado en el Plan Decenal de Salud Pública y en el Plan Nacional de Salud Mental.
Plantea como enfoques rectores, el de desarrollo humano donde se reconoce la dignidad humana como fundamento de los derechos; y el de salud pública que reconoce la salud como una realidad social y resultado de las dinámicas de relación y desarrollo humano, que incluye la acción estatal como garante de derechos, y trasciende la idea de la responsabilidad de la salud centrada en el individuo.
Esta estrategia para enfrentar el consumo de sustancias psicoactivas busca garantizar la salud de la población mediante acciones individuales y colectivas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida, bienestar y desarrollo, en un marco de participación social.
Sus líneas de acción las define desde la primera infancia, la infancia, la adolescencia y juventud, adultez, hasta llegar al adulto mayor.
La política se divide en cinco ejes. El primero tiene que ver con el fortalecimiento de los factores protectores frente al consumo de sustancias psicoactivas. El segundo, con la prevención de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas, orientado a incidir en factores de riesgo para el inicio temprano e impacto del consumo de sustancias psicoactivas. Un tercer componente tiene que ver con el tratamiento integral que el Estado se compromete a brindar a las personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas, en instituciones prestadoras de salud y entornos.
En el eje cuatro contempla la rehabilitación integral e inclusión social, que persigue el desarrollo de procesos multisectoriales de empoderamiento de las personas para la participación en la sociedad. La inclusión e integración social reconoce al ser humano como un agente de cambio que gestiona su supervivencia y bienestar a través de la interacción con el entorno y las redes disponibles.
Y el eje cinco hace énfasis en la transformación de los determinantes sociales de la salud mediante una respuesta ordenada, coherente y sistemática desde el sector salud en coordinación con otros sectores, buscando la continuidad, complementariedad e integralidad de la atención.
En la misma resolución se establece el seguimiento del comportamiento de indicadores y metas priorizadas para la medición de los resultados de salud en las personas, familias y comunidades; del mismo modo, se evaluará el cumplimiento de los objetivos planteados en la Política. De hecho se estructurará el Observatorio Nacional de Salud Mental articulado al Observatorio de Drogas de Colombia.
Algunas cifras
El Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas del 2013, identificó que las sustancias más consumidas en el último año, fueron el alcohol (58,7%) y, con prevalencias mucho más bajas, la marihuana (3,3%) y la cocaína (0,7%.).
En el análisis de las tendencias en los últimos estudios poblacionales (población general 2013, universitaria 2016, escolar 2016) se encontró que el consumo de alcohol se ha estabilizado y el de sustancias ilícitas ha aumentado. Así mismo, el Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en el Sistema de Responsabilidad Penal (2018), indicó que hasta el año 2017 el acceso a servicios de tratamiento era limitado y el porcentaje de quienes habían recibido tratamiento era bajo (17,3%).
Para el año 2016, en Colombia existían 181 instituciones que prestaban 384 servicios de atención a las personas con consumo de sustancias psicoactivas, con predominio de la internación no hospitalaria residencial (65%), seguido de la atención ambulatoria de baja complejidad (35.6%), internación parcial diurna (hospital día) (33%), y de la internación parcial nocturna (19.4%).
Dos terceras partes de las instituciones se localizan en Bogotá y cinco departamentos: Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Quindío y Cundinamarca, el 92% eran instituciones privadas y el 8% oferta pública. Como parte de la atención integral y basadas en la evidencia científica, se han implementado estrategias de reducción del daño con personas que se inyectan drogas en: Bogotá, Cali, Pereira, Dosquebradas, Cúcuta y Armenia, Santander de Quilichao y Medellín basadas en la evidencia científica.
