Personería denuncia faltas en los servicios, mientras la Procuraduría interviene para finalizar huelgas de hambre en Jamundí.
Los 121 mil colombianos privados de la libertad o solo se enfrentan al hacinamiento que les toca vivir en las cárceles sino a la imposibilidad de acceder a los servicios de salud.
Así lo corroboran pronunciamientos recientes del Ministerio Público desde sus diferentes instancias, tras verificar la falta de atención oportuna a los internos enfermos.
El Personero de Bogotá por ejemplo, Danilo Vega Arévalo, reveló que las cárceles como La Picota, La Modelo y El Buen Pastor están sin EPS, pues el servicio que prestaba Caprecom aún no ha sido asignado realmente a nadie y la Fiduprevisora atiende solo casos menores. Por ello el funcionario le pidió al INPEC medidas inmediatas para evitar lesiones físicas irremediables o muertes en internos por falta de atención.
El organismo documenta algunos casos de pacientes con epilepsia y medio cuerpo paralizado, sin acceso a medicamentos, ni tratamiento ni atención desde hace más de dos años.
Tal es el caso de Luis Enrique Charry Sáenz, de 53 años, con detención domiciliaria, quien ganó tres tutelas, todas las autorizaciones de medicina y tratamiento de Caprecom para la atención integral de la epilepsia que padece y la rehabilitación de la parálisis parcial derecha de su cuerpo, no recibe ningún servicio de salud, primero porque su EPS oficial no tenía contrato o no pagaba a ninguna IPS y ahora, porque están liquidando a Caprecom. La Personería indicó que como Luis Enrique, hay 15.193 internos 8.456 de la Picota, 4.883 de la Modelo y 1.485 del Buen Pastor que se encuentran sin atención real.
De acuerdo con las quejas de los familiares de los internos, se cubren algunos casos de atención primaria, pero para procedimientos quirúrgicos, exámenes, medicamentos, citas con especialistas y en general tratamientos, nadie responde. En respuestas directivas de los centros penitenciarios alegan que no existen suministros de medicamentos para los internos, no se han dado autorizaciones para procedimientos con especialistas, no hay cirugías programadas y la Previsora no ha enviado el personal completo para brindar la atención requerida.
Luis Enrique es otro recluso que padece convulsiones hasta ocho veces al día, mientras es cuidado por su sobrino de cinco años. Debido a sus convulsiones presenta golpes en todo su cuerpo, daños en su dentadura y pese a que tiene autorizaciones para reconstruirla, recibir los medicamentos y todo el tratamiento, no le entregan en materia de salud ni un vaso de agua. Para completar, Luis Enrique ni siquiera puede articular palabras en forma normal y tiene que darle la comida en forma líquida, sin contar que no ha recibido la primera terapia para intentar revesar su estado de parálisis.
Otro panorama se presenta en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí en Valle del Cauca donde los presos solicitaron la presencia de la Procuraduría General de la Nación tras emprender una huelga de hambre y algunos de ellos con la boca cocida, debido a irregularidades penales y riesgo en sus vidas.
En términos generales, aunque los problemas de atención en salud en las cárceles del país, se venían presentando mucho antes de que la liquidada EPS Caprecom se hiciera cargo del tema, se han agudizado con la transición al Consorcio Fondo De Atención En Salud PPL 2015.
Este fondo procedería a realizar la contratación directa de los servicios intramural y extramural,donde la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, trabaja para garantizar los servicios de los privados de la libertad.
En un comunicado la USPEC argumenta que “Dado que Caprecom (en liquidación) prestó sus servicios a la población privada de la libertad hasta el pasado 22 de enero del año, el consejo directivo del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad, PPL, integrado por los Ministerios de Salud y Protección Social, Justicia y del Derecho, Hacienda y Crédito Público, INPEC y USPEC, dio la instrucción para que Consorcio Fondo De Atención En Salud PPL 2015 procediera a realizar la contratación directa de los servicios intramural y extramural, logrando contratar cerca del 90% del recurso humano requerido para la atención intramural en los 136 Establecimientos de Reclusión en las profesiones básicas, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos, auxiliares de odontología, higienistas orales entre otros”.
Y agregan que “De la misma forma, gestionaron cartas de intención con hospitales públicos y privados de todo el país, prestadores de primer, segundo y tercer nivel con el propósito de que se atiendan las necesidades de salud de mediana y alta complejidad, en la medida que se oficialicen los trámites de contratación pertinentes. Actualmente, el Consorcio trabaja con el fin de que la prestación de servicios represados como consulta especializada, exámenes de apoyo diagnóstico y terapéutico, procedimientos quirúrgicos, medicamentos e insumos, entre otros, sean atendidos”.
