¿Cuál es el papel de la Supersalud en su actuación como juez para garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud?
De acuerdo a la ley 1122 de 2007 se le otorga una función jurisdiccional a la Superintendencia Nacional de Salud con el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en salud y en ejercicio del artículo 116 de la Constitución Política, la Supersalud podrá conocer y fallar en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez.
Pese a que la Supersalud cumple funciones de inspección, vigilancia y control a las entidades del sector salud, por delegación del Presidente de la República; la ley le ha otorgado algunas funciones jurisdiccionales que le imprimirían celeridad a conflictos o desacuerdos entre prestadores de servicios y las entidad aseguradoras como las EPS.
En cumplimiento de estas atribuciones el organismo de control en su informe de gestión del año 2015 la Supersalud realizó 14 Jornadas de Conciliación con la red de prestadores del territorio nacional, en donde se facilitaron espacios de concertación en zonas ajenas a la Sede Central de Bogotá, para solucionar las controversias generadas por el no pago de los servicios de salud prestados a los usuarios, a través de la conciliación, como mecanismo alternativo de solución de conflictos.
Como resultado de lo anterior se suscribieron 724 acuerdos conciliatorios por más de 194 mil millones de pesos. Pese a ello, sigue el descontento, o por lo menos así lo manifiesta el gremio de prestadores públicos. Hablamos con Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos y esto nos dijo:
La facturación presentada por las promotoras y los prestadores tiene una coincidencia solo del 30%
“Con relación a las mesas de circular 30 lamentablemente no se han tenido los resultados esperados por varias razones, lo primero en que se basan esas mesas es en el cruce de cuentas de las facturas subidas por la EPS versus las subidas por las IPS y generalmente nunca cuadran por dos razones, una porque en ocasiones las EPS hacen glosas que no han sido reportadas, por otra parte las cuentas de las EPS no han sido subidas y por eso los valores nunca son exactos, situación que hemos denunciado en varias ocasiones a la Superintendencia”
“Otra gran debilidad que se genera es que no van los representantes legales o delegan para no ser sancionados por la Procuraduría, igual cuando se presentan dicen que no tienen capacidad de pago. Así que esto es un “canto a la bandera” porque realmente no se logra el objetivo que es llegar a acuerdos en la conciliación”.
Dijo que la preocupación más grande era que la coincidencia en la facturación no llegaba ni al 30 por ciento cuando el objetivo desde hace mucho es que a través de las mesas se llegaran a acuerdos y se generaran los pagos. “Acaba de ser sancionada en el día de ayer por el presidente, ley 1797 de 2016 que obliga a que haya una aclaración de cuentas en 90 días. Esperamos que realmente esta nueva ley, donde las EPS tienen que certificar las deudas, permita encontrar la forma en que prestadores y aseguradores tengan los datos en igualdad de condiciones y que finalmente el sector tenga cifras ciertas”.
Por último hizo referencia al papel de la Superintendencia y aseguró desconocer los procedimientos que se realizan frente a sanciones y seguimientos tanto de la Supersalud como de la Procuraduría. “Desconozco cuáles han sido efectivas, porque lastimosamente se habla de sanciones promulgadas pero las EPS tienen la posibilidad de repetir, desconozco esta gestión” concluyó la directora de ACESI.
Efectivamente la Supersalud cita a las jornadas, pero ¿qué tanto se cumplen los acuerdos? ¿Hay otro tipo de seguimiento? y luego de las mesas, ¿cuál es el papel del juez, en este caso la Superintendencia Nacional de Salud? Opinión y Salud se contactó con el ente de vigilancia y control, pero hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta sobre la gestión luego del proceso de conciliación.
