Por: Deyra Guerra Vasquéz
El gremio encabezado por la Federación Médica Colombiana, representada por Germán Fernández, ha manifestado su descontento por la ponencia sobre residencias médicas expuesta por un grupo de senadores de la República, encabezados por Jorge Iván Ospina y que ya va en segundo debate en plenaria del Congreso de la República.
En la versión original el proyecto de ley 621 de 2017 sobre residencias médicas, no se regula específicamente el tema de cobros de estas prácticas y se presenta el vacío normativo que permite que las IPS y ESE del país realicen cobros por prácticas profesionales médicas y/o quirúrgicas a las Universidades del país.
El debate surge por los cobros que se generan a las universidades colombianas porque sus médicos realicen las prácticas profesionales en las Instituciones prestadoras de Salud (IPS) o Empresas Sociales del Estado (ESE) y que éstas al final repiten contra sus estudiantes, obligándolos a ser responsables de estos pagos.
A la discusión se suman los senadores Jesús Castilla y Roy Barreras, quienes en respuesta a las voces de descontento que se han levantado, plantean una proposición modificativa al proyecto de ley que restringe el cobro de los mal llamados “costos administrativos” que venían realizando las IPS a las instituciones de Educación Superior por permitir que las prácticas profesionales médicas y/o quirúrgicas de sus estudiantes se realicen en sus instalaciones públicas o privadas y que a la postre es un cobro directo que cada universidad realizaba a sus estudiantes. Esta modificación beneficiaría al gremio de galenos del país que ha mostrado total descontento con la propuesta presentada el año pasado en el Congreso.
Con la modificación al artículo 12 del Proyecto de Ley se regula el tema de discusión dado por los gastos que directamente asumían los médicos del país aspirando una especialización en el territorio nacional, que debiese ser más favorable que las condiciones encontradas en el plano internacional para la ciencia médica.
De ser aprobado el proyecto con dicha modificación, se habrá atendido a las pretensiones de cientos de médicos del país respondiendo con la certeza jurídica de una reglamentación de las residencias médicas justas, legales y garantes de derechos.
