Colombia es un país en el que se respeta el derecho a la muerte, pero lo que no se respeta, en cambio, es el derecho a la vida.
Por Bryan Steven Urrea – Estudiante de medicina, universidad del Valle. Tesorero Nacional de ACOME
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, es una más de las Empresa Sociales del Estado creadas gracias a la Ley 100 de 1993, por ende una entidad pública descentralizada, departamental y adscrita a la Secretaria Departamental de Salud.
Desde 1956 abrió sus puertas a la comunidad y durante los últimos 60 años ha servido a todos los habitantes del Suroccidente Colombiano, sin embargo también ha sufrido las consecuencias que la misma Ley creo por medio de un Sistema de Seguridad Social en Salud que ha demostrado ser ampliamente ineficiente en nuestro país y que el caso del HUV es solo uno de los muchos que suceden no solo en el Valle del Cauca, sino en todo el territorio nacional.
Usualmente las urgencias en el hospital, catalogado por los medios de comunicación como la mejor escuela de trauma en el mundo y que recibe un número aproximado de 200 pacientes, se encuentra hoy con 5 pacientes solamente. También tenemos decenas de niños con cáncer que llevan varias semanas sin la posibilidad de recibir el preciado tratamiento que necesitan.
Es un hospital que no solo sirve a la ciudad del Cali y al departamento del Valle del Cauca, sino a departamentos como Cauca, Nariño, Choco y Putumayo, para los cuales es un importante centro de referencia para niveles 3 y 4.
Sin embargo no hablamos de una crisis que sea nueva, tampoco reciente. Esta es el resultado de malas administraciones previas, las cuales unidas a un sistema de salud ineficiente y a la politiquería han convertido a un hospital de este nivel, en un hospital de nivel 2. De igual manera, en el HUV se hacen cada vez más prevalentes las alianzas público – privadas de las cuales según la opinión de grupos sindicales, empleados y estudiantes, en vez de llenar las arcas del hospital, han llenado las de algunos cuantos particulares para los cuales la salud de los Colombianos es un buen negocio.
En un país como Colombia donde los políticos día a día trabajan arduamente y no precisamente por los intereses de quienes representan, quienes los eligieron de manera democrática y es justo esta politiquería la que ha tocado desde hace ya muchos años las puertas de los hospitales de nuestro país y definitivamente el HUV no ha sido la excepción, el cual cada 4 años se convierte en el botín electoral generando una nómina paralela que asciende a 3000 millones de pesos mensuales y que mes a mes desangran el HUV.
Actualmente los más de 1000 empleados contratados por tercerización tienen 4 meses de atraso en el pago de su nómina, teniendo en cuenta también que otros 1000 empleados de planta tienen 2 meses de atraso en sus sueldos. Y detrás de cada uno de ellos dilemas particulares que viven cada una de sus familias de las cuales muchas no cuentan con los recursos suficientes para subsistir durante todo el tiempo que ha transcurrido en el cual se han vulnerado sus derechos. Un problema que ya no solo involucra la salud de los pacientes sino el bienestar de los trabajadores y sus familias.
Al hacer una sumatoria de las cuentas por cobrar que ascienden a 185.000 millones de pesos y las cuentas por pagar que suman 80.000 millones de pesos podríamos decir que habría solvencia económica para el HUV, sin embargo esto no es lo que se refleja en la situación actual del Hospital. Al HUV actualmente le adeudan Calisalud 41.000 millones de pesos, Caprecom 22.000 millones, Emssanar 20.200 millones, Asmet Salud 4.500 millones, Coosalud 13.500 millones y Cafesalud 3.200 millones. Aunque EPS como Emssanar solo deba lo correspondiente a los 180 días mínimos que cualquier entidad puede adeudar.
Por otro lado desde hace un tiempo atrás se encuentran embargadas las cuentas del HUV por parte de los proveedores a los que el hospital les adeuda. Recientemente se buscó la declaración de excepción de inconstitucionalidad de las órdenes de embargo contra el hospital, valor que suma un aproximado de 30.000 millones de pesos, la finalidad es que todos los recursos que difícilmente son gestionados para el hospital no sean tomados los demandantes por medio de los embargos instaurados. De igual manera el tribunal pide que se aseguren los pagos de las EPS, de las sumas que adeudan al hospital.
En la última sesión realizada en el Ministerio de la Protección Social, entre el ministro, la junta directiva del HUV, representantes de los estudiantes, Sindicatos y la Bancada Parlamentaria, se llegó al consenso de no intervenir el HUV de manera temporal, permitiendo de esta manera que las estrategias planteadas para el rescate del hospital pudieran llevarse a cabo, entre las cuales figuran dineros que destinará el Ministerio y la Gobernación del Valle del Cauca, también un préstamo con INFIVALLE por 18.000 millones de pesos. Todo esto con la finalidad de volver a abrir las puertas del hospital y permitir que este inicie su proceso de recuperación. Sin embargo queda un sin sabor luego de dicha reunión en la cual el Rector de la Universidad del Valle, quien es miembro de la Junta Directiva del HUV y el Alcalde de Cali, solicitarán al Ministro la intervención del centro hospitalario.
POR ACÁ NO ESCAMPA
Alejándonos un poco del tema del HUV, encontramos también en la ciudad de Cali la clínica Rafael Uribe Uribe, la que hace unos años le perteneció al seguro social y la cual hoy día se encuentra nuevamente en un proceso de liquidación, dejando desprotegida no solo población vulnerable que busca sus servicios de salud en esta institución, sino también funcionarios que llevan varios meses sin recibir su sueldo, y de igual manera estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad Libre Seccional Cali, los cuales llevan ya varias semanas sin poder realizar sus prácticas en la institución hospitalaria.
A esto se une la crisis que también atraviesa el Hospital San Juan de Dios el cual no solo tiene un déficit presupuestal, sino que tiene que lidiar a diario con todos aquellos pacientes que no pueden ser recibidos en el HUV desde que cerró parcialmente sus puertas.
En semejantes condiciones nos encontramos al Hospital Tomás Uribe de la ciudad de Tuluá, el cual presta sus servicios al norte del Valle del Cauca y que se encuentra en una grave crisis presupuestal que al igual que el HUV, lo tienen al borde del cierre, y así como estos ejemplos como para mencionar algunos, se han cerrado instituciones hospitalarias en Palmira y Buenaventura.
La pregunta que surge frente a este panorama es ¿hasta qué punto es responsabilidad de la politiquería del Valle del Cauca? ¿hasta qué punto la responsabilidad recae en las malas administraciones de estas instituciones hospitalarias? y finalmente ¿hasta qué punto la responsabilidad es del Sistema de Salud de nuestro país, el cual ha demostrado ampliamente su poca efectividad? Estas preguntas considero podríamos hacérselas al Ministro Gaviria, quien escuda todo esto en la politiquería y malas administraciones, aduciendo que existen otros hospitales que funcionan “perfectamente” dentro del mismo sistema de salud.
Hoy por hoy Colombia es un país en el que se respeta el derecho a la muerte, pero lo que no se respeta, en cambio, es el derecho a la vida, enmarcado en el derecho a la salud el cual aparentemente es un derecho fundamental y que es violado desde las clínicas con mayor prestigio en Colombia, hasta en los hospitales de pueblo, los mismos que hoy se encuentran sin recursos económicos, incluso para el pago de sus nóminas.
Por otro lado, los servicios de pediatría, que son de los que menos rentabilidad económica tienen, terminan siendo los más afectados, al punto que en los dos últimos años se han cerrado aproximadamente 500 camas en todo el país, encontrándose como siempre que los niños y los pobres son las primeras víctimas de la crisis de salud y del modelo neoliberal de nuestro país.
Finalmente al haber mostrado un panorama muy pequeño de lo que está sucediendo actualmente en el país, en el Valle, en Cali y específicamente en el HUV, me queda un gran sin sabor, sobre la manera en la que un derecho fundamental es ahora un negocio, negocio donde los pobres y los niños son los más afectados. Pero además de ser negocio, es una empresa política para todos aquellos politiqueros con mucho poder e influencia en este país, que aún con unos antecedentes de múltiples delitos se encuentran libres, haciendo política e incluso son candidatos a las alcaldías y gobernaciones en nuestro país.
Mientras tanto la Ley 100 y nuestro sistema de salud día a día marchitan la red pública de servicios de salud y día a día matan y disminuyen la calidad de vida de muchos pacientes que buscan obtener un servicio, el servicio que garantice su derecho a la vida, su derecho a vivir dignamente y con ello a tener salud.
